Carmen, una mujer viuda que vivía con su hijo Tomás de 11 años, en Tijuana, Baja California, tuvo que dejar atrás su patrimonio cuando un grupo del crimen organizado comenzó a utilizar su hogar como un centro de distribución de droga y almacenamiento de armas.
“Esas mismas personas que mataron a mi esposo fueron las que me pusieron a mí… O sea, iban a mi casa y nos sacaban a mí y a mi hijo. Nos sacaban a hacer, pues, sus cosas ilícitas (…) iban ellos y metían droga a la casa, metían armas y entonces iban, nos sacaban de la casa”.
“Iban, mataban personas enfrente de nosotros y eso era lo único que hacían… Y era en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora, en la madrugada y agarraban la pistola y se la daban a mi hijo y ¡guárdala!, y así. Y cosas, pues, de que le decían, que lo iban a enseñar para que fuera sicario de ellos”, contó Carmen -una mujer cuyo nombre fue reservado por seguridad- al Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH Ibero).
Como Carmen, al menos 28 mil 900 personas fueron forzadas a escapar de sus casas, principalmente en los estados de Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero, revela el informeTravesías forzadas: Desplazamiento interno en México, del PDH Ibero.
El informe detalla que de las casi 29 mil personas se vieron obligadas a desplazarse al interior del país seis de cada 10 casos ocurrieron en Chiapas. Sólo en este estado se documentaron los casos de 17 mil 865 personas desplazadas y de ellas, seis mil 865 ocurrieron en el municipio de Tila.
Durante 2024, Tila fue uno de los municipios con mayor incidencia de violencia por el crimen organizado, incluso, esta localidad era uno de los 12 municipios con mayor índice de homicidios dolosos en Chiapas que se contemplaron en la estrategia de seguridad para los primeros cien días del gobierno de Claudia Sheinbaum.
En el mismo municipio de apenas 83 mil 505 habitantes, según el último censo de población del Inegi, se identificó que al menos 910 familias resultaron afectadas por problemas como enfrentamientos armados y ataques contra civiles y afectaciones a propiedad, por lo que tuvieron que desplazarse, principalmente de la población indígena ch’ol.
El informe del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana señala además que ocho de cada 10 desplazamientos forzados se debieron a la conflictividad por la violencia generada por el crimen organizado. En Chiapas, el propio gobierno federal reconoce en sus estrategias de seguridad la presencia de grupos de la delincuencia: el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Casos similares se presentaron en Sinaloa, particularmente en el municipio de Culiacán, donde unas 560 personas se vieron forzadas a desplazarse por ataques o enfrentamientos del crimen organizado que predominan desde septiembre cuando comenzaron a enfrentarse La Mayiza y Los Chapitos, dos facciones contrarias del Cártel de Sinaloa.
Aunque en menor medida, los casos de Michoacán, Chihuahua y Guerrero no son muy diferentes y el principal motivo del desplazamiento interno forzado de las personas es la violencia perpetrada por el crimen organizado.
Las investigadoras del PDH Ibero Eugenia Morales y Renata Vadillo cuestionan que la crisis de desplazamientos forzados al interior de México profundizan la desigualdad, la pobreza y la exclusión que se vive en algunas regiones del país.
Según los datos del informe, 2024 fue el segundo año con más desplazamientos, sólo superado por los 28 mil 943 desplazamientos forzados que se documentaron en 2021. Sin embargo, la incidencia de esta problemática creció 123 por ciento en comparación con cifras de 2023, cuando 12 mil 623 fueron desplazadas forzadas. (El Sol de México).
