El Congreso de Veracruz aprobó retirar el fuero constitucional a los alcaldes Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, ambos emanados de Movimiento Ciudadano (MC), para que la Fiscalía General del Estado continúe las investigaciones por distintos delitos.
El caso que ha generado mayor atención es el de Raúl González Martínez, quien es investigado por su presunta participación en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo, cuyos restos fueron localizados en un rancho del sur de Veracruz.
Con 40 votos a favor, el Congreso local autorizó retirar el fuero al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, lo que permitirá que las autoridades ministeriales continúen las investigaciones relacionadas con el homicidio de la comunicadora.
Roxana Guzmán desapareció en junio y posteriormente fue localizada sin vida; su caso provocó indignación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y del gremio periodístico, que han exigido el esclarecimiento de los hechos y castigo para los responsables.
Otro alcalde también perdió el fuero
Durante la misma sesión, los diputados aprobaron retirar el fuero a Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván.
La Fiscalía lo investiga por su presunta relación con la desaparición de los empresarios Héctor Ramos Sánchez e Ignacio López Torres, ocurrida el 14 de mayo de 2026.
Con esta decisión, ambos presidentes municipales podrán ser investigados sin la protección constitucional que les otorgaba el cargo.
¿Irán a prisión los alcaldes de Veracruz?
No necesariamente, ya que, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Naomi Edith Gómez Santos, explicó que el desafuero no representa una declaración de culpabilidad, sino que únicamente elimina el fuero constitucional para que las investigaciones y, en su caso, un proceso penal puedan seguir su curso.
“Lo único que decidimos es que, al ser servidores públicos, si existen elementos suficientes para que se lleve a cabo un procedimiento penal y un juez así lo determine, entonces pueda realizarse”, explicó.
Asimismo, recordó que ambos alcaldes conservarán su derecho a la defensa y podrán presentar pruebas, argumentos o comparecer mediante sus representantes legales.
Hasta el momento, las defensas de los dos funcionarios han rechazado las acusaciones, mientras que Movimiento Ciudadano sostiene que se trata de una persecución política.
¿Qué sigue tras el desafuero?
Después de que el Congreso retiró el fuero a ambos alcaldes, será la Fiscalía General del Estado de Veracruz la encargada de continuar con las investigaciones y, en caso de reunir los elementos suficientes, presentar las imputaciones correspondientes ante un juez.
Será el Poder Judicial quien determine, conforme avance el proceso, si existen responsabilidades penales. (ADN Noticias).
