Con una clausura simbólica del Congreso de México, familiares y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas protestaron este miércoles contra la llamada Ley Espía, que denuncian es una simulación que pretende crear un sistema de vigilancia masiva y poner en riesgo su labor como buscadores en vez de contribuir a la localización de desaparecidos.
La llamada Ley Espía es un paquete de reformas aprobado el 26 de junio pasado, que modifica legislaciones de seguridad y telecomunicaciones para ampliar el control del Estado sobre datos personales.
Entre otras medidas, permite el acceso sin orden judicial a bases de datos sensibles, impone una CURP biométrica obligatoria y centraliza la vigilancia en la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Entre carteles con los rostros de personas desaparecidas y pintas en el pavimento con las leyendas “Sin las familias no” y “Espiar no es buscar”, los manifestantes expresaron su rechazo al paquete de reformas recién aprobado en el Legislativo.
“Clausurado por su falta de compromiso con los familiares de las personas desaparecidas”, se leía entre las pancartas colocadas en una de las entradas de la Cámara de Diputados en la capital mexicana.
Jorge Verástegui, del colectivo Glorieta de los Desaparecidos, señaló la falta de medidas en las reformas para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda y al Sistema Nacional de Búsqueda, que incluso podrían quedar subordinados a las fiscalías.
Por otro lado, advirtió del riesgo de la implementación de un sistema de vigilancia masivo utilizando la problemática de las desapariciones para justificarlo.
Verástegui cuestionó que la legislación proponga una plataforma única de identidad que registre cada acción de las personas mediante la CURP biométrica, y apuntó que cuando alguien quiere desaparecer a una persona, ya sea una desaparición forzada o cometida por particulares, el objetivo es ocultar a la víctima, no estar haciendo trámites en dependencias de gobierno.
Además, el buscador alertó que esta base de datos podrá ser consultada por funcionarios sin control judicial y podría ser vulnerable a filtraciones, lo que pone en riesgo la privacidad de toda la población.
“Eso es muy riesgoso y lo que denunciamos es que están utilizando la causa de las personas desaparecidas para decir que eso es necesario para la búsqueda, cuando no lo es”, sostuvo Verástegui, quien busca a hermano Antonio y su sobrino Antonio de Jesús Verástegui, desaparecidos en 2009 en Parras, Coahuila.
María Salvadora Coronado, quien busca a su esposo Mauricio Aguilar Leroux, desaparecido en 2011 en Veracruz, señaló que esta legislación les perjudica y pone en peligro su integridad y labores de búsqueda.
“Como bien sabemos, hay muchas madres buscadoras que han sido asesinadas, familias, entonces nos está poniendo en mayor riesgo, porque así van a saber nuestra ubicación, donde andamos, qué hacemos, qué compramos, (o) cuando andemos en una búsqueda”, alertó.
La buscadora lamentó además que el Gobierno mienta al afirmar que escuchó y llegó a acuerdos con las familias buscadoras para la elaboración de la reforma, cuando ni ella ni su colectivo fueron convocados a las mesas de reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob).
“A muchas familias no nos llamaron ni nos tomaron en cuenta (…) es una simulación”, afirmó.
En México, hay más de 129,000 personas desaparecidas y no localizadas, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950. (EFE).
