Portacelis Gas and Oil, empresa vinculada con el entorno empresarial de Amílcar Olán Aparicio, habría ingresado a México más de 83 millones de litros de diésel adicionales a los reportados oficialmente ante las autoridades aduaneras entre febrero y junio de 2025, de acuerdo con documentación del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La compañía declaró 6.6 millones de litros transportados por ferrocarril, aunque las estimaciones derivadas de la investigación fiscal apuntan a que el volumen real habría rondado los 90 millones.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el SAT presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una declaratoria de perjuicio en la que solicitó ejercer acción penal por las operaciones de Portacelis.
El mecanismo detectado habría consistido en declarar en las aduanas un volumen de combustible menor al efectivamente introducido al país, lo que habría permitido omitir el pago de aproximadamente 834 millones de pesos en impuestos y derechos.
Los registros de comercio exterior analizados indican que entre febrero y julio de 2025 Portacelis reportó formalmente la importación de 13 millones 654 mil litros de diésel mediante 150 operaciones realizadas principalmente por las aduanas de Matamoros, Nuevo Laredo y Veracruz. Parte del combustible fue adquirido a proveedores texanos como Brownsville GTR y MG Energy, esta última relacionada con una red investigada por presunto contrabando de combustibles.
Del total de operaciones, 141 correspondieron a movimientos efectuados mediante ferrotanques entre el 9 de febrero y el 28 de junio de 2025, periodo revisado por el SAT. En esos embarques, Portacelis declaró 6 millones 683 mil litros de diésel, valuados en 72.5 millones de pesos, una cantidad muy inferior al volumen que las autoridades fiscales estimaron que realmente habría cruzado la frontera.
Al tomar como referencia la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicable al diésel en 2025, de 7.09 pesos por litro, además del Impuesto al Valor Agregado y un precio promedio de importación cercano a 11.5 pesos por litro, los 834 millones de pesos presuntamente omitidos equivaldrían a unos 83 millones de litros adicionales que no habrían sido declarados. Bajo esa estimación, Portacelis habría introducido cerca de 90 millones de litros durante cinco meses.
Ese volumen también habría superado ampliamente la cantidad autorizada por la Secretaría de Energía. El 27 de septiembre de 2024, tres días antes de concluir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la dependencia otorgó a Portacelis un permiso para importar hasta 52 millones de litros de diésel desde Estados Unidos. La cantidad que presuntamente ingresó por ferrocarril habría excedido en aproximadamente 73 por ciento ese límite.
La investigación fiscal derivó además en otro procedimiento contra la compañía. El SAT restringió y posteriormente canceló los Certificados de Sello Digital de Portacelis porque la empresa no entregó los reportes de controles volumétricos de los hidrocarburos importados, información que permite a la autoridad comparar la cantidad declarada en documentos fiscales con la que físicamente es transportada, almacenada o comercializada.
La Sala Regional en Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó posteriormente la legalidad de la actuación del SAT. La sentencia fue dictada el 15 de enero de 2026 y quedó firme el 5 de marzo. Sin un Certificado de Sello Digital vigente, una empresa no puede timbrar comprobantes fiscales digitales y, en consecuencia, no puede facturar legalmente la venta del combustible.
El Código Fiscal de la Federación establece que quienes importan, transportan, almacenan o comercializan hidrocarburos están obligados a informar mensualmente sus controles volumétricos. Estos registros detallan las cantidades de combustible manejadas a lo largo de la cadena y tienen como finalidad permitir a la autoridad fiscal detectar diferencias entre los volúmenes reportados y los efectivamente movilizados.
Portacelis impugnó desde agosto de 2025 la restricción de sus sellos digitales y argumentó que el SAT carecía de competencia para aplicar la medida. Sin embargo, durante el litigio la propia empresa reconoció que importaba diésel y que todavía tramitaba la licencia del programa requerido para llevar sus controles volumétricos, pese a que para entonces ya había realizado numerosas operaciones mediante ferrotanques y embarcaciones.
El tribunal declaró infundados los argumentos de la compañía y confirmó las resoluciones fiscales. Entre sus fundamentos utilizó jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la cual la restricción de un sello digital constituye una medida cautelar y no una sanción, por lo que no vulnera por sí misma derechos sustantivos relacionados con la libertad de comercio.
Registros del propio SAT muestran que Portacelis tuvo tres Certificados de Sello Digital desde su constitución y que todos fueron revocados el 27 de junio de 2025. Aunque la empresa obtuvo una nueva Firma Electrónica Avanzada el 17 de junio de 2026, con vigencia hasta 2030, no aparece un nuevo sello digital activo, por lo que no podría emitir legalmente comprobantes fiscales por la venta de combustible.
La compañía fue constituida el 6 de agosto de 2024 en Villahermosa, Tabasco, y en su acta aparece como administrador único Juan Carlos de la Cruz Murillo, identificado por MCCI como contador de confianza de Amílcar Olán Aparicio. El empresario tabasqueño ha sido relacionado públicamente con Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán a partir de grabaciones difundidas previamente por Latinus y la propia organización investigadora.
MCCI también documentó que De la Cruz Murillo ha participado en otras sociedades beneficiadas con contratos públicos por más de 834 millones de pesos para el suministro de medicamentos. De esa cantidad, 490 millones habrían correspondido a recursos del extinto Instituto de Salud para el Bienestar y otros 344 millones al Instituto Mexicano del Seguro Social, en operaciones en las que la organización ha señalado sobreprecios.
La vinculación del contador con Olán también aparece en los certificados electrónicos históricos de Portacelis. Los documentos emitidos entre septiembre y diciembre de 2024 están asociados a la CURP de De la Cruz Murillo, mientras que uno de ellos incluye una dirección de correo electrónico vinculada con Euroceramic, empresa tabasqueña del sector de materiales para construcción señalada como propiedad de Amílcar Olán.
Otro elemento señalado en la investigación es que el primer proveedor de combustible de Portacelis habría sido Ikon Midstream LLC, compañía ubicada en Houston y relacionada con investigaciones por presunto contrabando de hidrocarburos. Sus instalaciones fueron cateadas por agentes federales estadounidenses en abril de 2026, según información previamente documentada por MCCI.
El procedimiento relacionado con los sellos digitales es independiente de la suspensión de Portacelis del padrón de importadores, ocurrida el 1 de agosto de 2025. Ambos casos, sin embargo, tienen como trasfondo las discrepancias entre las cantidades de diésel asentadas en los pedimentos aduanales y los volúmenes que habrían sido transportados físicamente en ferrotanques y buques, de acuerdo con las guías de embarque revisadas por las autoridades.
