Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, abandonó la prisión federal de Brooklyn, Nueva York. El exfuncionario de Rubén Rocha Moya estaría negociando con autoridades de Estados Unidos, después de haberse entregado tras ser acusado de tener presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.
La salida de Mérida Sánchez ocurre en medio de un proceso judicial que ha cobrado relevancia debido a la presunta relación de diversos exfuncionarios sinaloenses con integrantes de dicha organización criminal.
El exfuncionario había sido detenido luego de que fiscales estadounidenses presentaran cargos en su contra dentro de una investigación más amplia relacionada con el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
De acuerdo con registros oficiales del Buró Federal de Prisiones, Mérida Sánchez dejó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn el pasado 11 de agosto.
Sin embargo, su salida del penal no significa que haya recuperado su libertad, ya que todo apunta a que continúa bajo custodia federal en una ubicación reservada mientras avanza una negociación con las autoridades estadounidenses.
El desarrollo coincide con la suspensión indefinida de la audiencia de seguimiento de su caso, que originalmente estaba programada para el 4 de agosto por la jueza Katherine Polk Failla. Fuentes judiciales señalaron que el aplazamiento está relacionado con conversaciones entre las partes para alcanzar algún tipo de acuerdo dentro del proceso penal.
Entre las posibilidades que se contemplan se encuentra la incorporación del exsecretario al programa de testigos colaboradores del gobierno de Estados Unidos. De concretarse, Mérida Sánchez podría proporcionar información relevante para las investigaciones que las autoridades federales mantienen abiertas sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa y las presuntas redes de protección institucional que habrían favorecido a integrantes de Los Chapitos.
Una situación similar enfrentan Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes permanecen bajo resguardo en instalaciones confidenciales mientras colaboran con las autoridades estadounidenses en el marco de sus respectivos procesos judiciales.
La defensa de Mérida Sánchez está encabezada por la abogada Sarah Rebecca Krissoff, quien anteriormente se desempeñó como fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York y cuenta con experiencia en negociaciones de acuerdos de culpabilidad y cooperación con el gobierno estadounidense.
Los funcionarios acusados de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa
Mérida Sánchez es el segundo exfuncionario de Sinaloa involucrado en este caso que se presenta voluntariamente ante las autoridades de Estados Unidos.
Antes lo hizo Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración estatal, quien desde mayo también mantiene negociaciones para integrarse como testigo protegido y, a diferencia de otros acusados, no fue ingresado a un centro penitenciario federal.
Ambos exfuncionarios forman parte de una acusación presentada por fiscales estadounidenses contra diez exservidores públicos de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. El expediente se deriva de la acusación impulsada desde 2023 contra el Cártel de Sinaloa y específicamente contra la facción de Los Chapitos por delitos relacionados con el tráfico de fentanilo.
La evolución de este caso podría marcar un punto de inflexión en las investigaciones que Estados Unidos mantiene sobre las estructuras políticas y de seguridad presuntamente vinculadas con organizaciones criminales en México, especialmente si los exfuncionarios involucrados deciden colaborar formalmente con las autoridades federales. (Político MX).
