El gobierno estatal reservó toda la información sobre los gastos, contratos y proveedores de la obra que ya superó los 60 millones de pesos.
El gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle García, decidió reservar la información sobre el costo total de la remodelación del Palacio de Gobierno, bajo el argumento de que hacer públicos esos datos podría poner en riesgo la seguridad de la mandataria, integrantes de su gabinete y trabajadores de la dependencia.
La determinación fue comunicada por la Oficina de la Gobernadora en respuesta a una solicitud presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que se requirió conocer el monto total de la obra, los planos, contratos, empresas proveedoras y el costo de uno de los salones del inmueble.
De acuerdo con la respuesta oficial, la documentación fue clasificada como reservada en su totalidad, debido a que, según la dependencia, contiene información relacionada con aspectos sensibles de la operación y funcionamiento de las instalaciones gubernamentales.
La oficina estatal argumentó que entregar incluso una versión pública de los documentos implicaría fragmentar información que fue clasificada en conjunto.
La decisión resulta relevante porque la propia Rocío Nahle reconoció el pasado 21 de julio que los trabajos de remodelación ya habían rebasado los 60 millones de pesos que originalmente se contemplaban, sin precisar cuánto dinero terminó destinándose al proyecto.
Tampoco se conocen públicamente los contratos, los procedimientos de adjudicación ni los montos asignados a las empresas que participaron en los trabajos.
La remodelación, iniciada en 2025, contempló intervenciones en pisos, paredes, techos y fachada, instalación de mármol, modernización de sistemas eléctricos, drenaje, iluminación, adecuación de oficinas y construcción de nuevos sanitarios.
El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, había asegurado que no existía nada oculto en la obra y que los contratos y costos serían dados a conocer una vez concluidos los trabajos.
Sin embargo, la reserva de la documentación mantiene sin respuesta una pregunta fundamental: ¿cuánto dinero público terminó costando la remodelación de la sede del Poder Ejecutivo veracruzano?
El argumento de seguridad utilizado por la administración estatal contrasta con el compromiso de transparencia que la propia gobernadora había anunciado al inicio del proyecto, cuando aseguró que los recursos destinados a la rehabilitación serían ejercidos con transparencia.
