La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación histórica sobre las contrataciones públicas realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), y los organismos públicos locales electorales (OPLE), que abarcará de 2000 a 2025, con el propósito de detectar irregularidades, concentración de proveedores y posibles actos de corrupción en la adquisición de bienes y servicios electorales.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, el organismo fiscalizador dio a conocer este miércoles que las indagatorias incluirán investigaciones de oficio, un estudio de las adquisiciones efectuadas durante los últimos 25 años y una auditoría integral al INE, así como a la totalidad de los recursos federales ejercidos por los organismos electorales estatales.
Las revisiones responden también al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para investigar la asignación reiterada de contratos a un grupo reducido de empresas.
La ASF explicó que la decisión se sustenta en trabajos de inteligencia institucional y en el análisis de información solicitada a las entidades federativas, cuyos resultados preliminares advierten posibles irregularidades históricas en el manejo de recursos públicos destinados a actividades electorales.
El estudio permitirá identificar patrones de contratación, determinar si existió concentración de proveedores y establecer si empresas o servidores públicos incurrieron en prácticas contrarias a la ley.
El anuncio ocurre en medio de la crisis que atraviesa el INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del organismo, presentada el pasado 26 de octubre, después de que se difundieran señalamientos sobre presuntos conflictos de interés y anomalías en licitaciones millonarias para la compra de materiales electorales durante su administración.
Entre los casos señalados figuran contrataciones relacionadas con la empresa Cajas Graf y otras firmas vinculadas con una red de proveedores en la que aparece José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de compañías dedicadas a fabricar insumos electorales y señalado por su relación con la entonces consejera presidenta.
Según los reportes difundidos, empresas relacionadas con este proveedor habrían obtenido contratos por al menos 500 millones de pesos para suministrar mamparas, urnas, cajas para paquetes electorales, papelería de seguridad y boletas, entre otros materiales.
Las primeras indagatorias de la ASF en el INE fueron formalizadas el 23 de octubre, ante indicios de posibles daños al erario y conflictos de interés. Tres días después, Taddei presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados. Posteriormente, el Consejo General del instituto designó a Blanca Cruz García como presidenta provisional e inició una revisión de su estructura ejecutiva, proceso que derivó en la salida de funcionarios nombrados durante la administración anterior.
La ampliación de las investigaciones responde a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien solicitó que la fiscalización no se limite a la gestión de Taddei, sino que comprenda también administraciones anteriores, incluida la encabezada por Lorenzo Córdova.
La mandataria sostuvo que es necesario determinar por qué determinadas empresas concentraron durante varios años contratos para la fabricación y distribución de materiales electorales.
Durante su conferencia matutina del martes, Sheinbaum explicó que corresponde a la ASF establecer si las irregularidades detectadas ameritan procedimientos administrativos o denuncias penales.
“Una vez realizada esa auditoría, pues si hay un asunto penal, pues se presenta a la Fiscalía General de la República. Si hay un asunto administrativo, se presenta al Tribunal de Justicia Administrativa”, indicó.
La presidenta precisó que la Auditoría Superior es la autoridad competente para fiscalizar a los organismos constitucionales autónomos, mientras que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno supervisa a las dependencias de la administración pública federal. Por ello, insistió en que cualquier eventual responsabilidad debe determinarse mediante las investigaciones correspondientes y no a partir de los señalamientos difundidos públicamente.
Además de esclarecer posibles irregularidades, la revisión pretende identificar las condiciones que permitieron la concentración de contratos durante distintas administraciones electorales.
Sheinbaum planteó modificar los lineamientos de contratación para facilitar la participación de un mayor número de empresas en las licitaciones y evitar que los mismos proveedores mantengan una posición predominante en la adquisición de insumos.
Entre las alternativas mencionadas se encuentra fortalecer la capacidad de Talleres Gráficos de México para producir materiales electorales, con la intención de revisar el actual esquema de adquisiciones antes de los comicios de 2027. La propuesta forma parte de una revisión más amplia sobre los procedimientos de compra y la participación de funcionarios públicos en la adjudicación de contratos.
Pese a los señalamientos contra la expresidenta del INE y otros funcionarios, Sheinbaum pidió no anticipar conclusiones ni sanciones antes de contar con los resultados de las auditorías.
“Tiene que haber una investigación, o sea, no se adelanten”, expresó al referirse a las posibles consecuencias legales.
Con las tres líneas de investigación anunciadas, la ASF buscará determinar si las contrataciones electorales realizadas entre 2000 y 2025 estuvieron sujetas a procedimientos legales y transparentes, así como identificar posibles responsabilidades de empresas y servidores públicos. Los resultados permitirán establecer si existen elementos para promover acciones administrativas o penales y plantear cambios en los mecanismos de adquisición de materiales y servicios electorales. (Mas).
