El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió que ningún funcionario mexicano señalado por corrupción está fuera del alcance de las autoridades estadounidenses, al anunciar una nueva ofensiva financiera contra redes vinculadas con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó el 29 de septiembre a 21 personas y 25 empresas relacionadas con el Cártel de Sinaloa, entre ellas integrantes de su estructura de liderazgo, operadores financieros y personas que, según la dependencia, facilitan las actividades de la organización.
Bessent señaló que la acción está dirigida contra líderes criminales, facilitadores financieros y funcionarios mexicanos a quienes el gobierno estadounidense atribuye un papel en las operaciones del grupo delictivo.
El funcionario estadounidense sostuvo que la medida busca interrumpir las estructuras que permiten al Cártel de Sinaloa mantener actividades criminales y financieras, particularmente en zonas fronterizas de Baja California.
Entre las personas sancionadas se encuentra Ismael Zambada Sicairos, identificado por el Departamento del Tesoro como líder de la facción Los Mayos. La lista también incluye a integrantes de su círculo cercano, operadores establecidos en Tijuana y personas señaladas por las autoridades estadounidenses como lavadores de dinero.
El Departamento del Tesoro incluyó además a Carlos Alberto Torres Torres, a quien identifica como exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. La dependencia estadounidense incorporó su caso dentro de las redes que, según sus investigaciones, tienen vínculos con las estructuras financieras y operativas del Cártel de Sinaloa.
La OFAC informó que utiliza un esquema basado en redes para actuar de manera simultánea contra diferentes componentes de las organizaciones criminales, incluidos dirigentes, operadores, facilitadores financieros, prestanombres y funcionarios que, de acuerdo con sus investigaciones, contribuyen a sus operaciones.
La investigación de esta operación se realizó con la participación de diversas agencias estadounidenses, entre ellas la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE, Aduanas y Protección Fronteriza, el Servicio de Impuestos Internos y el Departamento de Estado.
El Tesoro señaló que las nuevas medidas forman parte de una estrategia implementada por la administración de Donald Trump para combatir a organizaciones criminales transnacionales. De acuerdo con la dependencia, desde principios de 2025 la OFAC ha efectuado más de 30 acciones contra más de 400 personas y entidades vinculadas con estas estructuras.
Las sanciones implican el bloqueo de los bienes y participaciones que los afectados tengan bajo jurisdicción estadounidense, además de restricciones para realizar determinadas operaciones con personas y entidades sujetas a las medidas.
La dependencia estadounidense indicó que la operación se concentra en interrumpir el control que Los Mayos ejerce, según sus investigaciones, sobre plazas fronterizas de Baja California y las redes financieras asociadas con el Cártel de Sinaloa.
El Departamento del Tesoro señaló que las medidas fueron adoptadas con base en órdenes ejecutivas estadounidenses relacionadas con la proliferación internacional de drogas ilícitas y con el combate al financiamiento del terrorismo.
La nueva ronda de sanciones amplía el alcance de las acciones financieras de Estados Unidos contra organizaciones criminales mexicanas, al incorporar no sólo a dirigentes de los grupos, sino también a personas y empresas que las autoridades estadounidenses consideran parte de las estructuras financieras, empresariales y de facilitación de sus operaciones. (Mas).
