La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) clasificó por un periodo de cinco años la documentación relacionada con las comunicaciones sostenidas entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador Enrique Inzunza Cázares.
De acuerdo con información publicada por el portal Literal México, la determinación fue emitida como respuesta a una solicitud de acceso a la información pública que buscaba conocer el contenido de los intercambios diplomáticos realizados entre ambos países en torno a las investigaciones y señalamientos contra ambos políticos.
La Cancillería argumentó que hacer públicos esos documentos podría afectar la conducción de las relaciones internacionales del Estado mexicano, al revelar información sensible relacionada con los mecanismos de cooperación bilateral, el intercambio de información y las estrategias de coordinación entre ambos gobiernos.
En la resolución, la dependencia sostuvo que la divulgación de los documentos podría menoscabar la interlocución diplomática entre México y Estados Unidos, por lo que determinó clasificar la información como reservada por un plazo de cinco años.
La reserva comprende oficios, comunicaciones diplomáticas, notas verbales, solicitudes de asistencia jurídica internacional, correos institucionales y minutas intercambiadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses relacionadas con Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázares.
El caso se remonta a abril de este año, cuando la Fiscalía de Nueva York dio a conocer acusaciones contra una decena de exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con la facción criminal conocida como Los Chapitos.
Entre las personas mencionadas en esas investigaciones figuran Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázares, situación que generó repercusiones políticas en México y abrió un nuevo frente en la relación bilateral entre ambos países.
Tras conocerse los señalamientos, Rocha Moya solicitó licencia al cargo de gobernador de Sinaloa, mientras que Enrique Inzunza Cázares continúa desempeñándose como senador de la República.
El caso también incluyó el congelamiento de las cuentas bancarias del legislador, quien, de acuerdo con la información difundida, continúa recibiendo su dieta mediante cheque mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que su gobierno solicitará formalmente a las autoridades estadounidenses las pruebas que respalden las acusaciones contra los exfuncionarios sinaloenses y ha reiterado que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe realizarse con pleno respeto a la soberanía nacional. (Mas).
