El Gobierno de Estados Unidos busca triplicar las acusaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico, como parte de una estrategia más agresiva para perseguir redes de protección política relacionadas con el tráfico de drogas.
De acuerdo con un reporte de The New York Times, la administración de Donald Trump instruyó a fiscales federales para ampliar los casos contra funcionarios mexicanos señalados de colaborar con organizaciones criminales, con la intención de acusarlos bajo leyes antiterroristas.
La directriz fue comunicada por Aakash Singh, subprocurador general adjunto, durante una teleconferencia interna con fiscales de distintas oficinas regionales. En ese encuentro, el funcionario planteó que el Departamento de Justicia debe incrementar de manera sustancial las investigaciones contra servidores públicos mexicanos presuntamente corruptos.
“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con la miseria y el veneno”, dijo Singh, según una fuente citada por el medio estadounidense.
El funcionario también advirtió que la estrategia no se detendrá por posibles molestias del Gobierno mexicano.
“Si esto resulta desagradable para los funcionarios del Gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos”, expresó.
Luego añadió: “Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso es la cereza del pastel para nosotros”.
La nueva línea de acción se conoce dos semanas después de que fiscales federales en Nueva York acusaran formalmente a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Entre los nombres señalados por autoridades estadounidenses también figuran Enrique Inzunza, Juan de Dios Gámez y Dámaso Castro Saavedra, entre otros funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con redes de protección al crimen organizado.
Singh sostuvo que el Departamento de Justicia pretende investigar más casos de este tipo y afirmó: “Debemos tratar a estas personas como los terroristas que son”.
La instrucción forma parte de una ofensiva que busca equiparar determinadas actividades de los cárteles y de sus presuntos protectores políticos con amenazas terroristas.
El reporte también se produce en medio de crecientes tensiones entre México y Estados Unidos, luego de que se revelara la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia en un accidente automovilístico en México, hecho que expuso operaciones encubiertas vinculadas con la estrategia de la Casa Blanca contra los cárteles.
Tras la acusación presentada en Nueva York, Rocha Moya solicitó licencia al cargo de gobernador de Sinaloa. Además, este viernes se informó sobre la detención en Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien habría sido arrestado desde el 11 de mayo en Arizona. (Mas).
