Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlali Jáuregui, integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fueron asesinadas en el municipio de Salamanca, Guanajuato, cuando viajaban juntas a bordo de una motocicleta y fueron interceptadas por hombres armados que les dispararon de manera directa.
El crimen ocurrió el pasado 9 de mayo y generó una fuerte condena de organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigió a las autoridades una investigación inmediata, diligente y con perspectiva de género y derechos humanos, considerando la labor de búsqueda que ambas realizaban como una línea prioritaria dentro de las indagatorias.
La organización señaló que el asesinato de Patricia y Katia ocurre en medio de un contexto de creciente violencia contra madres buscadoras y personas defensoras que participan en labores de localización de desaparecidos en el país.
“Su asesinato ocurre en un contexto preocupante de agudización de las agresiones contra madres buscadoras y personas defensoras”, expresó la Red Nacional a través de sus redes sociales.
Patricia Acosta Rangel comenzó la búsqueda de su hijo Miguel Ángel Jáuregui luego de que desapareciera el 8 de febrero de 2024 en Guanajuato. Posteriormente, su hija Katia Citlali se incorporó a las labores y ambas participaron activamente en jornadas de rastreo y acompañamiento a otras familias afectadas por desapariciones.
De acuerdo con información difundida por colectivos de búsqueda, madre e hija lograron localizar los restos de Miguel Ángel en una fosa clandestina durante marzo de 2025.
Sin embargo, pese a haber encontrado a su familiar, continuaron colaborando con otras madres buscadoras y acompañando procesos de búsqueda y exigencia de justicia en la entidad.
La Red Nacional de Defensoras destacó que Guanajuato se ha convertido en una de las entidades más peligrosas para las familias buscadoras debido a la violencia que enfrentan quienes participan en estas actividades.
La organización insistió en la necesidad de fortalecer medidas integrales de protección y seguridad para familiares de personas desaparecidas y defensores de derechos humanos.
El asesinato ocurrió en vísperas del Día de las Madres, fecha en la que cientos de colectivos de búsqueda se movilizaron en distintas ciudades del país para exigir avances en la localización de desaparecidos.
En la Ciudad de México, madres buscadoras realizaron la XIV Marcha de la Dignidad Nacional bajo consignas como “¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!” y “¿Dónde están nuestros hijos?”.
La movilización partió del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia y reunió a familiares provenientes de distintos estados del país.
Durante la marcha, varias participantes portaron pancartas y fotografías de sus seres queridos desaparecidos, además de mensajes dirigidos a las autoridades federales para exigir acciones concretas frente a la crisis nacional de desapariciones.
En el marco de estas protestas, familiares de personas desaparecidas también acudieron al Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, donde colocaron fichas de búsqueda y fotografías de víctimas en espacios alusivos al Mundial de Futbol de 2026.
Horas después denunciaron que el material fue cubierto con lonas, situación que provocó nuevas críticas y reclamos por la falta de visibilidad hacia la problemática de las desapariciones en México. (Mas).
