Eso es lo que acaba de ocurrir con México. El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) activó el artículo 34 de la Convención y elevó la situación del país a la Asamblea General. En términos prácticos, el mensaje es contundente: la crisis de desapariciones ya no puede abordarse solo como un problema interno.
¿Qué implica esto?
El artículo 34 se activa cuando existen “indicios bien fundados” de que la desaparición forzada ocurre de manera generalizada o sistemática. El Comité concluyó que en México estos delitos se han cometido durante décadas mediante ataques dirigidos contra población civil en distintos momentos y regiones.
Hay un matiz relevante: el Comité no afirma que exista una política federal deliberada para desaparecer personas. Pero sí señala que estos hechos ocurren con participación o tolerancia de autoridades en distintos niveles, y que el Estado ha sido rebasado por la magnitud del fenómeno.
Esa es la verdadera dimensión del señalamiento.
De la narrativa de seguridad a la de lesa humanidad
El traslado del caso a la Asamblea General cambia el marco del debate. México deja de ser analizado únicamente bajo la lógica de seguridad pública y pasa a ser observado bajo estándares de derecho internacional.
En otras palabras: ya no se trata solo de violencia, sino de posibles crímenes de lesa humanidad.
Y eso tiene consecuencias políticas y jurídicas. Eleva el costo internacional de la inacción y abre la puerta a mecanismos más intensos de cooperación técnica y seguimiento.
Qué exige el Comité
El propio Comité delineó dos rutas inmediatas.
La primera es activar apoyo técnico y financiero internacional en áreas críticas: búsqueda de personas, investigación criminal, análisis forense y posibles vínculos entre autoridades y crimen organizado.
La segunda es crear mecanismos efectivos de verdad, protección y reparación para las víctimas y sus familias, que hoy siguen enfrentando la crisis prácticamente solas.
Además, el Comité fue claro en un punto incómodo: la situación no ha mejorado desde 2021. Por el contrario, exige cambios estructurales urgentes.
Lo que México no ha logrado construir
El problema de fondo no es solo la violencia, sino la debilidad institucional.
Las fiscalías especializadas siguen siendo, en muchos casos, estructuras nominales más que operativas. La investigación científica es limitada y la crisis forense —la incapacidad de identificar restos y devolverlos a las familias— sigue siendo uno de los núcleos más dolorosos del problema.
A esto se suma un déficit crítico: la falta de protección efectiva para familias buscadoras. Sin seguridad, la búsqueda se vuelve una actividad de alto riesgo.
Tres cambios indispensables
Si el país quiere responder con seriedad, hay al menos tres ajustes institucionales inevitables.
Primero, construir una coordinación real entre federación, estados y municipios. No basta con intercambio de oficios; se requieren estructuras operativas conjuntas, verdaderas “task forces” con capacidad de acción.
Segundo, fortalecer el sistema forense nacional con estándares homogéneos, presupuesto suficiente y controles efectivos. Sin identificación de víctimas, no hay verdad ni justicia.
Tercero, garantizar protección efectiva a familias y colectivos. La búsqueda no puede seguir dependiendo del riesgo personal de quienes la realizan.
Qué cambia a partir de ahora
Llevar el caso a la Asamblea General no resuelve la crisis, pero sí modifica el terreno.
Aumenta la presión internacional, abre la puerta a cooperación especializada y cambia el lenguaje del debate. A partir de ahora, cada omisión estatal será observada bajo estándares internacionales más estrictos.
También fortalece la posición de las víctimas. Les permite exigir con mayor fuerza:
– planes de búsqueda con responsables y plazos definidos,
– acceso pleno a expedientes y bases de datos,
– medidas cautelares inmediatas de protección,
– y trazabilidad forense para evitar pérdida de evidencia.
El punto incómodo
México ha administrado esta crisis durante años con discursos, diagnósticos y anuncios. Pero el señalamiento del Comité es distinto: no cuestiona solo la estrategia, sino la capacidad misma del Estado para responder.
Y ahí está el punto incómodo.
Porque cuando la comunidad internacional comienza a hablar de posibles crímenes de lesa humanidad, el problema deja de ser político o narrativo. Se vuelve jurídico.
Y, sobre todo, ineludible.
*Odracir Espinoza es abogado Penalista, director Estratégico de Whistleblowers México y ex Asesor del Departamento de Justicia de EUA en México. (Emeequis).
