Confirma IEPCT que el ex consejero Héctor Aguilar Alvarado obtuvo la protección de la justicia federal por medio del amparo 357/2015 contra el auto de formal prisión dictado por la juez sexto penal con sede en Villahermosa, por lo que se presume habría quedado en libertad.
El ex consejero, Héctor Aguilar Alvarado, fue detenido junto con el expresidente del Instituto Electoral de Tabasco Gustavo Rodríguez Castro, el 10 de febrero de este año, acusados por la Fiscalía General del Estado por la compra fraudulenta del edificio sede del IEPCT y ejercicio indebido del servicio público.
Ambos exconsejeros fueron trasladados al Centro de Readaptación Social del Estado (Creset); los dos participaron en la compra fraudulenta del edificio sede del IEPCT que está ubicado en el Periférico Carlos Pellicer Cámara de la colonia Tamulté, en Villahermosa.
El inmueble fue adquirido por los entonces árbitros electorales el 4 de abril del 2011, como propuesta de la Comisión Especial de Adquisición integrada por los entonces consejeros Gustavo Rodríguez Castro, Héctor Aguilar Alvarado y Jorge Montaño Ventura (actual consejero del Tribunal Electoral de Tabasco), que fueron los encargados de hacer la revisión de los inmuebles, según consta en la averiguación previa 15/2015.
Rodríguez Castro fue detenido cerca de las 14:30 horas en su domicilio particular e ingresado al Creset cerca de las 17:00 horas. Mientras que a Héctor Aguilar Alvarado lo detuvieron cerca de las 23:00 horas bajo el mismo procedimiento.
Los exconsejeros electorales podrían alcanzar una fianza cercana a los 33 millones de pesos.
De acuerdo con la ley, el juez está obligado a que en un plazo no mayor a las 48 horas siguientes emita un fallo para definir su situación jurídica, ya sea exonerando a los inculpados o confirmando la comisión del delito y, de ser así, dictar el auto de formal prisión respectivo.
Además de Gustavo Rodríguez Castro, seis exconsejeros y 13 personas más, entre exfuncionarios, peritos valuadores, propietarios anteriores y hasta un exnotario público se encuentran involucradas en el presunto fraude cometido con la compra del edificio sede del IEPCT.
La denuncia de la fraudulenta compra fue presentada por el director jurídico del OSFE, Édgar Oropeza Díaz, quedando asentada en la averiguación previa AP-DGI-270/2014, y fue en contra de por lo menos 20 ciudadanos entre los que se encuentran los exconsejeros: Gustavo Rodríguez Castro, Elide Moreno Cáliz, Antonio Ponce López, Rosendo Gómez Piedra, Jorge Montaño y Héctor Aguilar Alvarado, así como el expresidente consejero Alfonso Castillo Suárez.
También están incluidos el exsecretario Ejecutivo Armando Xavier Maldonado; el director de Organización, Rigoberto de la O Gallegos; los dueños anteriores del edificio, Gilberto Galassi Cevallos, Gilberto Galassi Almora y Graciela Cevallos Rodríguez; la exnotaria pública número 27 que dio fe de la compra, Adela Ramos López; los peritos valuadores Adrián Banda Leija, Gustavo Espinoza Ayala y Jesús Gustavo López Domínguez, entre otros.
En julio del 2012, fue el propio Gustavo Rodríguez Castro, en su calidad de consejero presidente del IEPCT, quien revelaría que el edificio presentaba hundimientos y que estaba construido sobre un dren.
En noviembre de 2012, tras una revisión exhaustiva de la adquisición, la Contraloría Interna del IEPCT determinó que el precio del inmueble fue sobrevaluado en 8 millones 308 mil pesos, a los que se suman gastos previos y posteriores a la adquisición del inmueble, gastos de mantenimiento y rentas de oficina por 3 millones 707 mil 128 pesos, por lo que los daños a la hacienda pública ascendía a 12 millones 015 mil 128 pesos.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) interpuso una demanda penal ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), como una consecuencia a la reprobación de la cuenta pública 2011 del IEPCT por parte del Congreso del estado. Fuente: Tabasco Hoy
