El Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de su Grupo Parlamentario en el Congreso de Zacatecas, presentó una nueva Acción de Inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que durante su aprobación se violó el proceso legislativo, además de buscar, con ello, la protección de los principios fundamentales de la Constitución.
Los diputados locales del tricolor, en concordancia con la dirigencia nacional, encabezada por el Presidente Alejandro Moreno y la Secretaria General Carolina Viggiano, expusieron que la presentación del recurso está fundamentada en sus facultades establecidas en el Artículo 105, Fracción Segunda, de la Carta Magna, que les permite cuestionar la constitucionalidad de la reforma.
Este recurso se suma al que en días pasados presentó la dirigencia nacional del PRI ante la SCJN.
Los legisladores priistas de Zacatecas señalaron que la reforma al Poder Judicial de la Federación ha generado mucha controversia, especialmente en cuanto a la elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces, y la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal para imponer un tribunal de disciplina que funcione como mordaza a las sentencias judiciales.
De acuerdo la bancada del tricolor en el Congreso zacatecano, además de violar el debido proceso legislativo, la reforma contiene antinomia en los Artículos 94 y 97 de la Constitución y vulnera el marco convencional, al contravenir el artículo 8 del Pacto de San José.
Establecieron que buscan proteger los principios fundamentales de la Constitución y garantizar que la reforma no afecte negativamente el sistema judicial.
Este recurso, indicaron, es un mecanismo importante para asegurar que las leyes y reformas se ajusten a la Constitución y respeten los derechos de los ciudadanos.
La presentación de la Acción de Inconstitucionalidad es un paso crucial para garantizar que la reforma sea revisada y, si es necesario, corregida para ajustarse a la Constitución y proteger los derechos humanos de los mexicanos.
