Inicio Nacional Falso el ahorro con eliminación de órganos autónomos

Falso el ahorro con eliminación de órganos autónomos

106
0

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con la desaparición de los órganos autónomos “se ahorrarían unos 100 mil millones de pesos al año”. Sin embargo, una investigación de Animal Político revela que esta cifra es falsa, pues el presupuesto 2024 de los siete órganos previstos en el Plan C suma 4 mil 534 millones de pesos, apenas un 4.5% de la cantidad mencionada por el mandatario.

De acuerdo con la Cuenta Pública 2023, el presupuesto ejercido por estos siete órganos fue de 5 mil 404 millones de pesos. De esta cantidad, 3 mil 411 millones se destinaron a Servicios Personales, es decir, salarios y prestaciones.

Esto indica que el supuesto ahorro sería aún menor si consideramos que el presidente aseguró que no se despedirá a los trabajadores, ya que salarios y prestaciones representaron el 63% del presupuesto el año pasado.

El ahorro real sólo se reflejaría en otros capítulos como gastos de operación o inversión física, que en 2023 ascendieron a mil 992 millones 849 mil 621 pesos, un 2% de la cifra mencionada por López Obrador.

La propuesta del presidente López Obrador contempla la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).

Según el plan, las funciones de estos organismos “serán absorbidas por las dependencias responsables de cada ramo” y se respetarán “los derechos de sus trabajadores”.

El presidente también mencionó en su conferencia matutina que el supuesto ahorro no se alcanza ni siquiera considerando el presupuesto de todos los órganos autónomos incluidos en la Cuenta Pública, que son ocho: INE, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, CNDH, INEGI, Comisión Federal de Competencia, IFT, INAI y Fiscalía General de la República.

En 2023, su presupuesto total fue de 57 mil 368 millones 109 mil 357 pesos, lo que representa el 57% de lo afirmado por el presidente. Si se restan 36 mil millones de pesos en salarios y remuneraciones de los trabajadores que serían reubicados, quedarían 21 mil millones de pesos, un 21% de los 100 mil millones que mencionó López Obrador.

En su conferencia del 11 de julio, López Obrador declaró: “No pasa nada, porque no se despide a los trabajadores, es nada más quitar el copete de privilegios, cortarlo. Y que la función del instituto de la transparencia pase a Economía, que el Instituto de Comunicaciones pase a la Secretaría de Comunicaciones, que todos los institutos, organismos autónomos que tienen que ver con la industria eléctrica, con Pemex, que pasen a la Comisión Federal de Electricidad y que pasen a Pemex.

Es que todo eso lo crearon cuando la idea central del gobierno era privatizar, entonces necesitaban ese andamiaje administrativo para defender sus intereses”. Además, añadió: “Ahí está el caso del INAI, el instituto de la transparencia, ¿qué caso de corrupción han puesto al descubierto? Nada, pura tapadera”, aunque investigaciones periodísticas han demostrado cómo la información solicitada a través de la plataforma de transparencia ha sido útil para diversas investigaciones sobre corrupción.

El académico Filiberto Valentín Ugalde Calderón menciona en uno de sus ensayos que los órganos autónomos surgen “de la necesidad de limitar los excesos en que incurrieron los poderes tradicionales y los factores reales de poder”.

Ugalde Calderón señala que se encargan “de fiscalizar o controlar instituciones para que no violenten el apego a la constitucionalidad”. Entre los roles que desempeñan en México estos órganos autónomos están la organización y supervisión de procesos electorales (INE), la protección de los derechos humanos (CNDH), la regulación de las telecomunicaciones (IFT) y la garantía de la transparencia y acceso a la información pública (INAI).

Con información de Animal Político