Derivado de una denuncia anónima presentada el pasado 9 de abril, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña Hernández, ordenó una investigación contra excolaboradores del ministro en retiro, Arturo Zaldívar, por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF), con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros.
Las acusaciones presentadas apuntan contra Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la Presidencia del CJF, quien es señalado de presuntamente ejercer presión, extorsión y amenazas contra jueces para que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, indicaron fuentes judiciales.
En la denuncia presentada también se involucra al extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, magistrado Jaime Santana Turral, una de las áreas del Consejo de la Judicatura supuestamente más utilizadas para presionar a los jueces y magistrados.
De igual forma, se señala que la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González, ahora auditora en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través de amenazas de declarar a los titulares culpables de responsabilidades administrativas, usando quejas existentes o inventando algunas.
La denuncia también señala que el expresidente de la SCJN y el exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, se confabularon para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales.
En consecuencia, “ante la posibilidad de que los citados funcionarios públicos del Poder Judicial de la Federación, en el desempeño de las funciones propias de los cargos señalados, incurrieran en alguna causa de responsabilidad administrativa por la probable comisión de las conductas descritas con antelación; resulta necesario ordenar la práctica de una investigación a efecto de esclarecer los hechos denunciados», refiere la denuncia.
«En el entendido que respecto de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,el Consejo de la Judicatura Federal carece de competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos que le son imputados…», agrega.
En la denuncia también se señala al exdirector del Instituto de la Defensoría Federal, Netzai Sandoval y al ahora magistrado, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien como juez de control del Reclusorio Sur dictó prisión preventiva justificada contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el caso de la «Estafa Maestra«. (El Universal).
