El Frente Cívico Nacional (FCN) Capítulo Tabasco considera que los recortes aprobados en comisiones al presupuesto 2024 solicitado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCT) ponen en riesgo la organización de los comicios estatales en donde se elegirá gobernador, diputados y presidentes municipales.
Lamentamos que en esta visión irresponsable de destinar el presupuesto público a ocurrencias y de ajustar a la baja los recursos destinados a asuntos prioritarios, se afecte una institución clave para nuestra democracia como es el órgano electoral del estado, afirmó Alberto Naranjo Cobián, secretario general del organismo ciudadano.
Recordó que el IEPCT solicitó un presupuesto de 570 millones de pesos para organizar todas las etapas del proceso electoral del año entrante, pero en el dictamen del Presupuesto de Egresos aprobado esta semana se les hizo un recorte de alrededor de 136 millones.
La cifra que podría ser la definitiva si se aprueba en el pleno del Congreso, quedaría en 433.4 millones de pesos de los cuales unos 62 millones corresponden a las prerrogativas de los partidos políticos, es decir, dinero que el Instituto transfiere y no puede destinar a los trabajos de preparación, cuidado y vigilancia de la elección.
Lo más grave es que comparado con 2021, cuando el órgano electoral contó con un presupuesto de 399.1 millones de pesos para elegir alcaldes y diputados locales, el presupuesto del 2024 contempla un aumento de apenas 34 millones de pesos, cuando la autoridad electoral se enfrentará esta vez a la complejidad de una elección de gobernador.
El FCN hace dos llamados:
• Uno, al Congreso del estado, para que revise a conciencia los montos que fueron aprobados en comisiones para una institución que va a ser la encargada de dar certeza al proceso local del año próximo, y
• Dos, a los partidos políticos para que en función del compromiso que tienen con la democracia, analicen la viabilidad de ceder los recursos públicos que les fueron autorizados para el año próximo, a fin de cubrir los recortes que pretende hacer el gobierno del estado a la autoridad electoral.
