El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza llamó al Estado mexicano a suspender inmediatamente el proyecto Tren Maya y la desmilitarización de los territorios indígenas, así como reconocer de modo irrefutable la violación a los Derechos de la Naturaleza, los Derechos Humanos, individuales, colectivos y los derechos bioculturales del Pueblo Maya, además de que pide la reparación integral de los daños ecológicos y sociales.
“Hacemos un llamado urgente al Estado y a la intervención de los organismos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos para el cese del despojo de las tierras ejidatarias, así como acabar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación de los defensores y las defensoras de la naturaleza, de lo cual el Tribunal fue directamente testigo, garantizando el derecho a la libre expresión y defensa del patrimonio biocultural”.
Al llevar cabo su octava audiencia local en la península de Yucatán, del 9 al 12 de marzo, el Tribunal visitó in situ a las comunidades de Pisté, El Señor-Xmaben, Tihosuco donde escucharon testimonios de comunidades indígenas mayas, colectivos y grupos ecologistas, así como 232 testimonios. Además, recorrieron “los irremediables destrozos de la construcción del Tren Maya en el Tramo 5”, guiados al interior de cavernas por colectivos como Sélvame del Tren, SOS Cenotes, Cenotes Urbanos que habrá de afectar a más de 100 cavernas y cenotes se encuentran directamente debajo del trazado del Tren Maya, y que ya se han deforestado más de nueve millones de árboles.
“Dichos testimonios han aportado evidencias, así como pruebas contundentes e irrefutables, que establecen un nexo causal entre la acusación del fiscal de la Tierra y la prueba testimonial, documental y verificación in situ de los daños causados a la naturaleza y la violación de los derechos de las comunidades. Conforme a las actas se verifica que ningún representante del Estado asistió a esta audiencia, habiendo sido legítimamente invitados a través de una carta entregada a la embajada de México en Ecuador, sede del Tribunal, así como a través de correo electrónico y de manera física el día 7 de marzo, invitando tanto al gobierno de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fonatur, Semarnat, INPI, Sedatu y CONANP”.
El Tribunal responsabilizó al Estado mexicano de ir configurando crímenes de ecocidio y etnocidio por la violación a los Derechos de la Naturaleza, así como los Derechos Humanos, individuales y colectivos y los derechos bioculturales del Pueblo Maya, “que ancestralmente ha sido y continúa siendo protector y guardián de su territorio, los cenotes, la selva, y los seres sintientes no humanos que habitan dicho territorio”. Por lo que exigió que inicie una auditoría independiente, transdisciplinaria, de carácter intercultural, con la participación plena y efectiva de las poblaciones afectadas.
“Exhortamos al Ejecutivo y Legislativo a realizar reformas constitucionales a nivel Federal, como las ya realizadas por algunos estados –Ciudad de México, Colima, Oaxaca, y Guerrero–, para el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza como sujeto de Derechos. Asimismo, recomendamos la revisión de la ley que establece la propiedad social de la tierra, para que ésta sea reemplazada por una ley que contemple la función socioecológica del territorio en su relación indisoluble con las prácticas culturales sustentables de los pueblos y comunidades que ancestralmente los habitan”.
El tribunal subrayó que “el mal llamado Tren Maya” es un megaproyecto de transporte ferroviario que pone en grave peligro de destrucción a ecosistemas y comunidades mayas, que no es sólo un Tren ni es propiamente Maya, al no considerarlo así varias comunidades mayas, y al ser un proyecto que se conecta con muchos más, polos de desarrollo, megagranjas porcinas, entre otros, exacerbando sus impactos sociales, culturales, ambientales y de género, y cuyo Plan Maestro nunca ha sido presentado por las autoridades.
El tribunal emitió sus recomendaciones amparados en la normativa de la Declaración Universal de Derechos de la Naturaleza, el Convenio 169 de la OIT, la Declaratoria de Naciones Unidas y de la OEA sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio sobre Biodiversidad, el Acuerdo de Escazú, la Agenda 2030 ODS; y la jurisprudencia emitida por el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos, así como la legislación de los Estados Unidos de México; este Tribunal Ético, en nombre de los Derechos de la Madre Naturaleza, de la Humanidad.
El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, tuvo como Presidenta a Maristella Svampa de Argentina, y estuvo además conformado por Fray Raúl Vera de México, Yaku Pérez de Ecuador, Francesco Martone de Italia-Ecuador y Alberto Saldamando de Estados Unidos (Chicano-Zapoteca). El Fiscal de la Tierra fue Jorge Fernández, la accionante Giovanna Gasparello junto con 22 testimonios de comunidades indígenas, colectivos ciudadanos y peritos. La Secretaria del Tribunal fue Natalia Greene y las organizaciones convocantes, la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS). (Milenio).
