Ciudad de México, 23 de febrero.- El pasado 15 de diciembre de 2022 la Cámara de Diputados aprobó diversas disposiciones de las leyes generales de Comunicación Social, de Responsabilidades Administrativas, de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por el que se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, el llamado “Plan B”, mismas que el Senado de la República aprobó el día de ayer 22 de febrero de 2023 y mandó al Ejecutivo para su publicación.
Tales reformas generan que su implementación tenga diversos efectos jurídicos en el Partido Revolucionario Institucional, en un ejercicio de autodeterminación y autoorganización el citado instituto político se anticipó a reformar su normatividad interna pues dichas modificaciones legales tendrán impacto en la vida interna de nuestro partido político.
Razón por la cual el Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional el 19 de diciembre de 2022, realizó una sesión de Consejo Político Nacional de conformidad a la normativa interna, en la cual se aprobaron reformas a los estatutos y reglamentos del citado instituto político, dichas modificaciones en cumplimiento a lo ordenado por los estatutos fueron aprobadas por 26 Consejos Políticos Estatales, consecuencia a lo anterior, en cumplimiento a la ley de la materia, se hizo del conocimiento al Instituto Nacional Electoral, para su declaración constitucional y legal.
Se hace constar que la atribución del Consejo Político Nacional de determinar la prórroga del período estatutario de la dirigencia nacional, si llegase a concurrir con algún proceso electoral o previos al inicio de este, esta facultad del Consejo Político Nacional ya se encuentra válida y vigente porque fue calificada en el año 2020 como legal y constitucional por unanimidad por las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral y confirmada por unanimidad por los Magistrados y Magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, razón por la cual es viable afirmar que no se trata de una nueva atribución del Consejo Político Nacional.
Al contrario, se trata de reformas estatutarias encaminadas al fortalecimiento institucional y a garantizar acciones afirmativas: inclusión de jóvenes en 1 de cada 3 candidaturas, paridad de género sustantiva en las gubernaturas y dotar de certeza jurídica a nuestros estatutos, por lo cual se está en la espera de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral resuelva con respeto a la autodeterminación y autoorganización del Partido.
