Casos como la presunta ejecución de civiles en Tlatlaya, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y las cientos de detenciones arbitrarias denunciadas por organismos autónomos y organizaciones civiles reflejan que la impunidad en la cual quedan los abusos y la corrupción son «problemas serios» en México, según advirtió el gobierno de Estados Unidos.
Esta es una de las conclusiones incluidas en el reporte sobre los derechos humanos en el mundo publicado esta semana por el Departamento de Estado estadounidense, en el que la administración de Barack Obama hace un recuento de hechos ocurridos en México durante 2014.
«Los problemas significativos relacionados con los derechos humanos incluyen la participación de policías y militares en abusos serios, como ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones y abuso físico. La impunidad y la corrupción permanecen como problemas serios, particularmente en los niveles (de gobierno) estatal y local, en las fuerzas de seguridad y en el sector judicial», señala el documento.
La primera parte del texto advierte de los «numerosos reportes» sobre el involucramiento de funcionarios en la muerte de civiles, y cita como ejemplo el caso Tlatlaya, en el que presuntamente soldados ejecutaron a 22 ciudadanos en ese municipio del Estado de México, en junio del año pasado.
También critica la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Guerrero, en septiembre. Según el gobierno de México, este crimen fue cometido por policías municipales ligados con narcotraficantes, que entregaron a los estudiantes a un cártel para que éste luego los asesinara y quemara sus cuerpos.
Otras situaciones denunciadas son las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos «crueles, inhumanos o degradantes» en contra de personas que son arrestadas.
«La ley prohíbe los arrestos y la detención arbitraria (…) El 31 de agosto, sin embargo, la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) reportó haber recibido 663 quejas y emitido cuatro recomendaciones hacia autoridades con relación a arrestos y detenciones arbitrarias», dice el informe.
El documento también se refiere a problemas como la falta de garantías para juicios justos, los límites a las libertades civiles y la discriminación, y se da a conocer a pocos meses de que el mandato del presidente Enrique Peña Nieto llegue a la mitad, en diciembre próximo.
Horas después de la publicación del informe, el gobierno de México lo rechazó argumentando que es «un ejercicio unilateral».
«No obstante que en dicho informe se reconocen esfuerzos y avances realizados por nuestro país, el gobierno de México considera que deben revisarse las mecánicas unilaterales de revisión», señaló la Cancillería mexicana en un comunicado.
«México reitera su indeclinalbe compromiso con la protección de los derechos humanos en nuestro país y el Estado reconoce los retos actuales y reafirma su voluntad de continuar intensificando sus esfuerzos para dar pleno cumplimiento a sus obligaciones nacionales e internacionales en la materia», concluyó la dependencia. Con información de CNNMexico
