De acuerdo con el reporte que emite la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en el informe de resultados de la cuenta pública correspondiente al año 2014, entregado el 17 de febrero de este año, señala que Tabasco tuvo observaciones por un monto de mil 565 millones de pesos, dio a conocer el diputado priista, Manuel Andrade Díaz, como posicionamiento de los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI.
Además, se advirtió que, el 69.5 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) no fueron ejercidos por Tabasco, lo cual ha sido una irregularidad recurrente, de acuerdo con los últimos reportes anuales de fiscalización.
“El gran problema de los funcionarios de este gobierno, es que tratan de hacerle creer a los tabasqueños que viven en otro mundo, de no aceptar la realidad, de recurrir a la simulación y a la mentira y hacerle caso a la lisonja”.
Citaron que en ese informe también se menciona que los estados con los subejercicios más altos en la materia en ese año, fueron Oaxaca, con 93.5 por ciento; Michoacán, con 81.2 por ciento; el Estado de México, con 73 por ciento; Guanajuato, con 71 por ciento; Nayarit, con 69.5 por ciento, y Tabasco, con el 69.4 por ciento de recursos sin ejercer.
“Esa falta de ejercicio adecuado de los recursos es lo que ha originado que el problema de inseguridad en el Estado sea tan grave”.
Así mismo, dieron a conocer que el pasado mes de octubre el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), realizó un estudio denominado IIPE, a través del cual se mide la calidad de la información presupuestal de las entidades federativas; se verifica el cumplimiento de las obligaciones de contabilidad gubernamental, se fomenta una serie de buenas prácticas contables y tiene como propósito eliminar condiciones de opacidad.
“En ese estudio, que comprende el periodo 2015-1016, señala que Tabasco retrocedió 7 lugares, pues pasó de ocupar el lugar 7 a ocupar el lugar 14 en la materia y además presenta malas prácticas en la publicación de la información presupuestal; es decir, la esconde o si la publica lo hace de manera ilegible o de forma tal que la gente no la puede leer o no la entiende”.
Remarcaron que a principios del presente año, el INAI, promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, ya que con la finalidad de tener justificación para negar a los ciudadanos la entrega de información, el Gobernador del Estado, al presentar la iniciativa de ley correspondiente, incluyó un artículo que señala que se puede negar cualquier información o que el gobierno puede impugnar cualquier resolución que ordene su entrega, alegando “razones de seguridad estatal”, lo cual el INAI, considera que atenta en contra del derecho humano a la información y por eso la impugnó.
Otro dato que indica la ineficiencia de este gobierno, es que, al corte del tercer trimestre del año en curso, se han detectado subejercicios hasta por la cantidad de 686 millones de pesos, lo que revela una inadecuada planeación y programación.
Por otra parte, otro elemento de opacidad que se tiene, es que en el cuarto informe de gobierno, no se aprecian datos de los que se desprenda la cantidad de dinero, que de nuestras contribuciones, se paga mensualmente, para que los altos funcionarios disfruten de diversos servicios personales, como son avión privado, vehículos blindados, escoltas fuertemente armados, para los funcionarios y sus familiares más cercanos, comidas, hospedaje.
En cuanto al gasto que tiene la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, en la revisión de los informes trimestrales de la cuenta pública, se detectó que del 2013 a la fecha, el presupuesto de esa Coordinación ha aumentado considerablemente.
“Mañosamente, se inicia con un presupuesto bajo y durante el transcurso del año se los van aumentando, por ejemplo, en 2013, se ejercieron 40 millones, 628 mil, 367 pesos; en 2014, se inició con 162 millones 248 mil 225 pesos y concluyó con 302 millones, 451 mil 422 pesos, en 2015 inicio igual con 162 millones 241 mil 225 pesos y terminó con 302, millones, 451 mil 422 pesos; en 2016, se aprecia que inició con 166 millones, 033 mil, 938 pesos y al 30 de septiembre ya llevan ejercido 227 millones, 052 mil 652 pesos”.
En total, de 2013 a la fecha el gobierno del Estado se ha gastado 838 millones 020 mil 829 pesos en materia de comunicación social.
Lo más grave es que esas cantidades no son autorizadas por el Congreso, ni son auditadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, por lo que solo sabemos cuánto se gasta, pero no en que se gasta.
Ante esas evidencias, queda claro, que no es cierto que exista austeridad y transparencia, como se pregona.
