Se estima que casi la mitad de las personas que viven sin autorización en Estados Unidos ingresaron legalmente al país y se quedaron una vez que expiraron sus visas. Para combatir el problema, el gobierno federal lanzó el jueves su programa más ambicioso para rastrearlos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza comenzará a capturar escaneos faciales y oculares de extranjeros que ingresen por Otay Mesa, en San Diego. Para febrero, los extranjeros que vayan a México a pie por ese punto también serán escaneados.
El programa piloto, que durará hasta el final de junio, ayudará a determinar si las autoridades expenden los exámenes biométricos a todos los cruces por tierra en la frontera con México. Las autoridades revisarán la precisión de las cámaras.
Por más de dos decenios, el Congreso ha demandado exámenes biométricos como huellas digitales y escaneos faciales y oculares de personas que salen del país, pero la tarea ha representado un enorme reto logístico y financiero. No existe un sistema de verificaciones en los cruces terrestres.
Marc Rosenblum, vicedirector de política de inmigración en el Instituto de Políticas de Migración, dijo que el esfuerzo para capturar parámetros biométricos de personas que salen del país corregiría “la mayor deficiencia en el sistema”.
“Es muy importante”, dijo Rosenblum said. “Lo que probablemente esperan es que sea un sistema rápido de revisiones de salidas que no resulte terriblemente costoso ni consuma mucho tiempo”.
Los exámenes biométricos han causado objeciones de defensores de la privacidad, que temen que las autoridades usen mal la información o que el sistema sea vulnerable al robo de identidad. Las propuestas han causado además preocupaciones entre negocios y viajeros sobre atoramientos en cruces terrestres ya congestionados.
“Históricamente hemos controlado la entrada, pero no la salida por nuestras fronteras”, dijo Jim Williams, un ex funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que supervisó gestiones para implementar exámenes biométricos en cruces fronterizos entre el 2003 y el 2006. “Ha habido carencia de infraestructura y de inversiones”.
Un estudio en el 2006 del Pew Hispanic Center estimó que entre 40% y 50% de los inmigrantes que viven sin permiso legal en el país se quedaron después de la expiración de sus visas, una cifra que es aceptada por funcionarios de inmigración pero que es muy difícil de precisar.
Otay Mesa fue el cuarto puerto de entrada más transitado en la frontera el año pasado, con 14,8 millones de automovilistas y peatones ingresando a Estados Unidos desde Tijuana.(AP)
