Las trabas administrativas que ha puestos en Instituto Nacional de Migración (INM) a las organizaciones de la sociedad civil para el ingreso a instancias migratorias devela que la política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no respeta los derechos humanos y coincide con la propuesta xenófoba del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la presidenta de Amnistía Internacional, Tania Reneaum Panszi.
Al menos a 10 organizaciones que defienden los derechos de los migrantes se les ha negado el acceso a las instancias de migración, aún cuando cumplen con los requisitos legales para ello, acusaron representantes de más de 200 organizaciones de derechos humanos en conferencia de prensa.
Este conjunto de acciones por parte de la autoridad migratoria nos plantea a la sociedad civil dudas razonables para pensar que no quieren que se constate el desorden y las condiciones en las que se encuentran estos centros de detención; lugares que no son de libre salida y acceso para los migrantes, reiteró.
Hechos como estos no se habían visto ni gobiernos tan violentos como el de Felipe Calderón, acusó Rita Marcela Robles, activista y abogada en derechos humanos..
“Que se hayan atrevido a hacer un oficio general (para negar el acceso), en ninguna administración lo habíamos vivido, ni siquiera en la administración más violenta que hemos tenido que es la de Felipe Calderón”, sentenció Robles.
Algunas de las organizaciones a las que se les complicado el acceso son el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, American Friends, Casa del Migrante Tijuana, la Comisión Nacional de Promoción y Defensa de Derechos Humanos, así como Uno de Siente Migrando, entre otras, detalló Alejandra Macías Delgadillo de Asylum Access
Según las autoridades la razón principal por la cual se les ha negado el acceso a las organizaciones es por una contingencia, la cual ellas mismas han creado, puesto que las instancias migratorias están rebasadas en su nivel de capacidad hasta por un 200%. Además, las condiciones en las que se mantienen los migrantes son de hacinamiento, sin acceso a servicios de salud ni de infromación sobre su procedimiento, acusó la defensora.
Algunas de organizaciones han recurrido a recursos legales como el amparo, y aún con ello se les ha negado el acceso, refirió Ana Luz Manzano, abogada del colectivo Uno de Siete Migrando.
Este miércoles, la Instituto Nacional de Migración explicó que a partir del 1 de febrero se reprogramarán las citas de las asociaciones religiosas y organizaciones de la sociedad civil para ingresar a las estancias migratorias, ya que éstas ya tenían espacios programados en los últimos días de enero.
“Dicha reprogramación está sustentada en la Ley de Migración, su reglamento y en el acuerdo por el que se emiten las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias y estaciones provisionales del INM”, detalló en un comunicado de prensa. (Forbes).
