Para no lesionar la economía de los campechanos, el secretario general de Gobierno, Pedro Armentía López, descartó, por lo pronto, la autorización al incremento de las tarifas del transporte público urbano y llamó a los concesionarios de la ciudad de Campeche a restablecer con total normalidad el servicio que prestan a la población, como establece la Ley de Transporte del Estado de Campeche y su reglamento.
Aseguró que el Gobierno del Estado privilegia el diálogo para poder encontrar una solución adecuada a la demanda de los transportistas, teniendo como base la responsabilidad que tienen como prestadores de servicio y la protección de los intereses de las familias campechanas.
En entrevista, también consideró que resulta improcedente que el gobierno estatal otorgue apoyos económicos a las sociedades cooperativas, como han solicitado, dado que no se cuenta con una partida presupuestal para ello, y la Ley de Disciplina Financiera determina de manera clara que los recursos públicos deben destinarse en las obras y acciones para los que fueron etiquetados.
El funcionario aclaró que la obligación de mantener en buen estado las unidades de transporte público urbano es responsabilidad de los concesionarios. “Cualquier recurso que se pudiese otorgar a manera de apoyo, provendría del erario público, y las contribuciones de la ciudadanía no tienen la obligación de sostener el parque vehicular de las empresas”, precisó.
Dijo que la administración estatal tiene la firme convicción que primero es velar por el bien de los campechanos y asegurar que los servicios, como en el caso del transporte urbano, se presten de manera regular, continua y uniforme.
Por lo pronto, sostuvo, no se dará ningún alza al pasaje, pues los incrementos sólo pueden ser autorizados por medio del Consejo Estatal de Transporte, previo análisis y valoración.
Finalmente, recordó que la ley da facultades al Instituto Estatal de Transporte para iniciar procedimientos administrativos e imponer sanciones legales establecidas como la revocación de la concesión, así como prever las acciones que sean necesarias para restablecer la prestación del servicio público.
