Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entregó al menos mil 200 millones de pesos en contratos por adjudicación directa a dos empresas ligadas a la familia del yerno de la actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.
Estas compañías vendieron medicamentos e insumos médicos con sobreprecios de hasta 885%, mientras miles de pacientes enfrentaban desabasto y dificultades económicas para continuar sus tratamientos.
Las empresas señaladas son Ethomedical SA de CV y Abastecedora de Medicinas y Materiales SA de CV, las cuales recibieron 761 adjudicaciones directas entre 2020 y 2024 por parte de delegaciones del IMSS en al menos 20 entidades. Ambas pertenecen a la familia de Aldo Díaz Pérez, quien fue subdirector en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) durante el periodo en que se desviaron 17 mil millones de pesos.
Díaz Pérez también es socio de Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Rocío Nahle, en las empresas Comercializadora Delta Dibal SA de CV y Servicios y Premezclados Forte SA de CV, constituidas en 2017 y 2018.
Los contratos obtenidos por estas empresas implicaron pagos que representaron un sobreprecio estimado de 500 millones de pesos para el gobierno. Entre los ejemplos se encuentra la venta de Bleomicina en 3,200 pesos por unidad a Baja California en 2021, cuando el Instituto Nacional de Pediatría la adquirió por 329 pesos. Otro caso fue la Sitagliptina, tratamiento contra la diabetes, vendida en 850 pesos por unidad en Morelos, a pesar de que su precio en la compra consolidada fue de 118 pesos.
Además de los altos costos, también hubo deficiencias en la entrega de medicamentos. En Guanajuato, por ejemplo, se pagaron 12 millones de pesos por Enoxaparina, un anticoagulante postoperatorio, pero sólo se recibieron 10 mil de las 17 mil unidades contratadas. En Sinaloa, la delegación adquirió 1,260 piezas de Carboplatino, sin pruebas de haber ingresado el producto a sus almacenes.
En 2020, María Teresa Muñoz Caraveo, esposa de Aldo Díaz Pérez, compró acciones de Ethomedical. Posteriormente, en 2022, también se sumaron sus hijos como accionistas.
Pese a que en 2022 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) clasificó a Ethomedical como proveedor irregular por múltiples incumplimientos sanitarios y suspendió su operación, la empresa continuó beneficiándose de contratos públicos. Ese mismo año, la familia constituyó Abastecedora de Medicinas y Materiales SA de CV, que recibió adjudicaciones por 36.4 millones de pesos en 2023 y 360 mil pesos en 2024.
Los socios de Bilbao Arrieta también recibieron pagos por 100 millones de pesos por parte de empresas con permisos de la Comisión Reguladora de Energía entre 2019 y 2023, periodo en que Rocío Nahle se desempeñó como titular de la Secretaría de Energía.
Animal Político documentó que Ethomedical vendió medicamentos como ácido acetilsalicílico, metoprolol, fluoxetina, losartán, salbutamol y otros tratamientos de uso común, todos con sobreprecios. Por ejemplo, la Sitagliptina metformina fue vendida en 2,190 pesos a Querétaro, cuando su precio consolidado fue de 118 pesos. En el caso de metamizol, analgésico común, fue vendido en 31 pesos por unidad, más del triple de su costo en compras consolidadas.
El IMSS, por su parte, defendió las compras señalando que los precios resultaron de una investigación de mercado y que no existían impedimentos para contratar a esas empresas. No obstante, documentos oficiales muestran que las adquisiciones fueron avaladas por direcciones centrales del Instituto, incluyendo las áreas de Finanzas, Administración y Control de Abasto.
A pesar de los millonarios contratos otorgados a estas compañías, miles de pacientes enfrentaron la escasez de medicamentos.
La situación también generó protestas entre proveedores del sector farmacéutico, quienes denunciaron que Ethomedical ganaba todos los contratos pese a no contar con infraestructura ni experiencia comprobada. La Cofepris documentó que la empresa tenía un establecimiento inexistente, sin control de inventarios y con presencia de fauna nociva.
En total, entre Ethomedical y la nueva empresa Abastecedora de Medicinas y Materiales se recibieron contratos por más de mil 200 millones de pesos. Esta situación se dio en el contexto de los cinco intentos fallidos del gobierno federal por centralizar la compra de medicamentos y bajo una política de austeridad que terminó generando sobrecostos.
El incremento en los precios de compra contribuyó a que, al cierre del sexenio, el gasto en medicamentos alcanzara los 79 mil millones de pesos, un 29% más que en 2018. Sin embargo, también aumentó el desabasto, con más de 15 millones de recetas no surtidas, cinco veces más que en el sexenio anterior. Hasta el momento, ni la gobernadora Rocío Nahle ni Birmex han respondido a las solicitudes de entrevista relacionadas con estas contrataciones. (Mas).
