En los últimos seis meses, al menos nueve empresarios en México han sido víctimas de secuestro o asesinato, en una escalada de violencia que ha encendido las alertas en el sector privado y generado exigencias de mayor seguridad por parte de organismos empresariales.
La información basada en reportes periodísticos recientes, ubica el caso más reciente en Mazatlán, Sinaloa, con el asesinato del empresario frutero Rafael Tirado Lizárraga, quien fue privado de la libertad el 27 de marzo y hallado sin vida días después, sumándose a una serie de ataques registrados desde octubre de 2025.
Entre los primeros casos documentados se encuentra el de Bernardo Bravo Manríquez, líder citrícola de Michoacán, secuestrado y asesinado en octubre del año pasado tras denunciar extorsiones del crimen organizado.
Ese mismo mes, en Veracruz, el empresario Javier Vargas Arias fue ejecutado a plena luz del día en un ataque armado.
Para diciembre de 2025, en Jalisco, el secuestro y asesinato de José Adrián Corona Radillo, empresario tequilero, así como el homicidio de Alberto Prieto Valencia, quien murió en una emboscada junto con su hija y un escolta en Zapopan.
En febrero de 2026, los empresarios potosinos Pablo Ortega Venegas y Óscar Osbaldo Luna Silva fueron reportados como desaparecidos y posteriormente localizados sin vida en Zacatecas.
Ya en marzo, se registraron nuevos hechos, como el secuestro y posterior rescate de Gerardo Arredondo en Guanajuato, y los casos de Eduardo Ochoa Arias, productor agrícola asesinado tras su secuestro en Colima, y Arnulfo Aguilar Salazar, empresario gasolinero rescatado con vida en Sinaloa.
La creciente incidencia de estos delitos ha provocado la reacción de organismos como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados y la Confederación Patronal de la República Mexicana, que han demandado a las autoridades reforzar las estrategias de seguridad.
El sector empresarial ha advertido que la inseguridad impacta directamente en el desarrollo económico y social del país, al afectar la operación de empresas, la inversión y la estabilidad de las comunidades.
De acuerdo con datos de Coparmex, cerca del 46.8% de las empresas en México reportaron haber sido víctimas de al menos un delito durante 2025, siendo la extorsión uno de los principales problemas que enfrentan.
Las organizaciones empresariales han insistido en la urgencia de resultados concretos para frenar esta tendencia de violencia que, en medio año, ha cobrado la vida de varios de sus integrantes. (Mas).
