México se convirtió en el segundo país con más periodistas asesinados durante las últimas dos décadas, con un registro de 141 víctimas entre 2006 y 2025, únicamente por debajo de Irak, donde se contabilizaron 168 homicidios.
La violencia contra quienes ejercen el periodismo mantiene al país entre los lugares más peligrosos del mundo para desarrollar actividades informativas, en un contexto marcado por amenazas, precariedad laboral e impunidad.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, los datos forman parte del informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), titulado Las amenazas cambian. La impunidad continúa, difundido con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se conmemora cada 2 de noviembre.
El organismo internacional documentó el asesinato de al menos mil 641 periodistas en todo el mundo durante el periodo analizado, lo que representa un homicidio cada cuatro días. Irak encabeza la lista con 168 víctimas, seguido de México con 141, Siria con 121, Pakistán con 95 y Filipinas con 82, países donde el ejercicio periodístico ha estado expuesto a distintos escenarios de violencia.
La situación mexicana también destaca en las cifras más recientes. Durante 2024 y 2025, la Unesco contabilizó 189 asesinatos de periodistas, trabajadores de medios y productores de contenido relacionados con su actividad informativa, un incremento del 20 por ciento respecto al bienio anterior. De ese total, 37 ocurrieron en América Latina y el Caribe, incluidos 17 casos registrados en México.
En 2024, México reportó siete periodistas asesinados, mientras que en 2025 la cifra aumentó a diez, colocándose ese último año como el segundo país con más víctimas, solamente después de Palestina, que registró 32 casos. Yemen ocupó la tercera posición con nueve homicidios.
La violencia contra periodistas tampoco se ha detenido durante 2026: según la información incluida en el reporte de Animal Político, Reporteros Sin Fronteras ha documentado nueve asesinatos de comunicadores en México durante el año, con casos registrados en entidades como Veracruz, Nuevo León, Guerrero, Puebla y Oaxaca.
Entre las víctimas mencionadas se encuentran Carlos Leonardo Ramírez Castro, asesinado en Veracruz el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Luis Ángel López Valdés, en Veracruz el 11 de junio; Manuel Alejandro Moreno Cerna, en Guerrero el 3 de julio; Josué Martínez Contreras, en Puebla el 16 de julio, y Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca el 22 de julio. También figura Roxana Berenice Guzmán Ramírez, localizada sin vida en Veracruz durante julio.
La Unesco advirtió que las amenazas contra los profesionales de la información están cambiando y abarcan desde agresiones físicas hasta nuevas formas de violencia digital, especialmente contra mujeres periodistas. El informe señala que el porcentaje de comunicadoras que recurren a la autocensura aumentó de 30 por ciento en 2021 a 45 por ciento en 2025.
Otro factor de vulnerabilidad es la precariedad laboral. El organismo identificó un aumento de asesinatos entre periodistas que trabajan sin una plaza fija, condición que limita su acceso a capacitación, herramientas de protección, asesoría jurídica y mecanismos institucionales de seguridad.
A escala internacional, los conflictos armados concentran una proporción importante de los homicidios. De los 189 asesinatos registrados durante 2024 y 2025, un total de 127 ocurrieron en países afectados por conflictos, equivalentes al 67 por ciento. Los otros 62 se registraron en territorios sin conflictos armados, la cifra más baja para ese grupo en los últimos 18 años.
La impunidad continúa siendo uno de los principales obstáculos para enfrentar esta violencia. Según la Unesco, el 86 por ciento de los asesinatos de periodistas registrados en el mundo permanece sin resolverse, un punto porcentual más que en 2024. Aunque el porcentaje es menor al 95 por ciento registrado en 2012, la mayoría de los responsables sigue sin recibir una sanción judicial.
El informe establece que las investigaciones por homicidios contra periodistas tardan, en promedio, cuatro años en resolverse. Después de cinco años, las posibilidades de esclarecimiento disminuyen considerablemente, por lo que el organismo considera necesario fortalecer las capacidades de los cuerpos de seguridad, fiscalías y tribunales.
La respuesta institucional también presenta deficiencias. De las 78 solicitudes enviadas por la Unesco a distintos Estados para conocer los avances en la investigación y sanción de estos delitos, solamente 48 países respondieron y únicamente 40 proporcionaron información sustantiva. El nivel de respuesta, equivalente al 62 por ciento, fue el más bajo registrado desde 2019.
Además de los homicidios, el organismo documentó otras agresiones graves contra trabajadores de medios durante 2024 y 2025. Con información de Reporteros Sin Fronteras, reportó 160 periodistas desaparecidos, incluidos 64 casos considerados desaparición forzada, así como 29 comunicadores tomados como rehenes o que permanecen cautivos y otros 98 reportados como no localizados.
Las detenciones arbitrarias representan otro riesgo para la libertad de prensa. En el mismo periodo, Reporteros Sin Fronteras registró 938 arrestos de personas por motivos relacionados con su actividad periodística en 72 países, una situación que refleja la diversidad de amenazas enfrentadas por quienes investigan y difunden información de interés público.
Ante este panorama, la Unesco anunció la ampliación de su iniciativa “Espacios seguros”, orientada a proteger a periodistas desplazados, exiliados o que permanecen en zonas de conflicto. El programa también contempla asistencia jurídica para facilitar la regularización de su situación legal y permitirles continuar desempeñando su profesión.
Las cifras correspondientes a México reflejan la persistencia de una crisis de violencia contra la prensa que se extiende por dos décadas. Con 141 periodistas asesinados entre 2006 y 2025, nuevos casos registrados durante 2026 y elevados niveles de impunidad a escala internacional, el informe advierte sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y garantizar investigaciones efectivas para evitar que los crímenes contra comunicadores permanezcan sin castigo. (Mas).
