El coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, hizo un llamado al estado de Jalisco y al gobierno de Zacatecas a implementar estrategias y políticas de seguridad integrales y presentar un plan de trabajo para el cuidado de sus zonas limítrofes.
Por ello, el legislador priista solicitó a las autoridades de seguridad pública de las dos entidades y a sus municipios a combatir el narcotráfico y ofrecer seguridad a la población que prometieron cuidar.
Ante la Comisión Permanente, el líder congresista presentó el punto de acuerdo para exhortar a los gobernadores Enrique Alfaro Ramírez y David Monreal Ávila, de los estados de Jalisco y Zacatecas, respectivamente, a construir políticas públicas que den una respuesta institucional inmediata al grave problema de desaparición de personas en ambas entidades.
Ello, al destacar que Zacatecas es una de las entidades más peligrosas del país, pues detalló que de acuerdo con la encuesta sobre percepción de inseguridad realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2022, las ciudades de Fresnillo y Zacatecas encabezan el listado nacional de percepción del país en la materia y según los datos, 97 y 93 por ciento de su población considera un riesgo constante, respectivamente.
De igual forma, explicó que los índices delictivos en la entidad han ido en aumento. “En el último año, Zacatecas ha tenido la mayor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 964 homicidios y 11 feminicidios entre enero y septiembre de 2022”, argumentó el líder de la bancada tricolor.
Rubén Moreira criticó que estas cifras son reflejo de la ingobernabilidad y crisis en materia de seguridad que sufre la entidad, al señalar que las víctimas del crimen se conforman por ciudadanía, pero también ha alcanzado a agentes de seguridad y servidores públicos.
Relativo al estado de Jalisco, el coordinador del GPPRI dijo que en esta entidad se vive una situación similar, pues explicó que en un reportaje, se reveló que en un operativo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en más de 3 comisarías municipales se reportan anomalías como falta de certificación de agentes y armas no registradas. “Los municipios de Villa Guerrero y Colotlán, municipio donde desaparecieron las cuatro víctimas en diciembre, figuran entre ellos”, expuso.
Asimismo señaló que en 2022, Jalisco registró 9 mil 800 delitos. Esta cifra los sitúa junto a estados como Zacatecas y Durango, donde la percepción de inseguridad es de las más altas del país.
Es en este sentido, refrendó que se deben tomar acciones inmediatas para reducir la inseguridad y sus efectos en las familias de ambas entidades. El caso de los cuatro jóvenes desaparecidos en Colotlán representa la grave crisis que atraviesan los municipios limítrofes y la limitada capacidad institucional para responder.
“Garantizar la seguridad es crítico para la competitividad de un gobierno. A través de estas garantías se promueve el bienestar de la ciudadanía, se mantiene el desarrollo y se crea un entorno de comunidad. Permitir el crecimiento de los delitos puede conducir a la pobreza, pérdidas irreparables y un crecimiento económico reducido en todo el país”, sostuvo el coordinador Rubén Moreira.
