México debe garantizar transparencia y justicia en la actual investigación sobre la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa para mantener la confianza en el sistema de justicia, aseguró hoy el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Un día después del octavo aniversario de la desaparición de los estudiantes en Iguala, un vocero del Departamento de Estado dijo a Grupo REFORMA que la dependencia está a la espera de los resultados de la investigación pero urgió al castigo de los presuntos responsables del crimen ocurrido en Iguala, Guerrero.
«Compartimos nuestras más sentidas condolencias a la familia y amigos que siguen en luto por la pérdida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Garantizar la transparencia y la justicia en el caso es crucial para mantener la confianza pública en el sistema judicial de México», dijo el vocero a Grupo REFORMA.
«Es crucial que la investigación siga avanzando y que los responsables sean llevados ante la justicia. Esperamos los resultados de este proceso legal en curso», añadió el vocero que solicitó el anonimato.
Apenas hoy, Grupo REFORMA reveló que el Departamento de Justicia de EU compartió con la Fiscalía General de la República (FGR) comunicaciones interceptadas en 2014 que mostrarían nexos entre el grupo criminal Guerreros Unidos con elementos del Ejército, la Marina y policías mexicanos en la zona de Iguala.
Desde 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa había recomendado a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) solicitar la colaboración del Departamento de Justicia de EU para proveer copias de las comunicaciones intervenidas que poseía.
Las comunicaciones que finalmente fueron compartidas por las autoridades estadounidenses son parte de las evidencias en un proceso criminal contra miembros de Guerreros Unidos por tráfico de heroína desde la zona de Iguala y que está radicado en la Corte Federal del Distrito Este de Illinois en la ciudad de Chicago.
Apenas el pasado 19 de agosto, la FGR obtuvo 20 órdenes de aprehensión en contra miembros de los 27 y 41 Batallones de Infantería del Ejército mexicano en Guerrero utilizando la evidencia aportada por EU, pero tres semanas después la dependencia se desistió de 16 de dichas órdenes.
Previamente en abril de este año, el Departamento de Estado de EU ya había destacado en su informe anual sobre la situación de derechos humanos en México la ausencia de sentencias definitivas en torno al caso Ayotzinapa a pesar de decenas de arrestos desde 2014 hasta 2021 ante graves fallas procesales.
«Hasta septiembre (de 2021) ningún presunto autor de las desapariciones había sido condenado, y 78 de los inicialmente acusados fueron liberados por falta de pruebas, en general relativas a irregularidades en su detención, incluidas confesiones obtenidas mediante tortura», dijo la dependencia en su informe de abril.
Según el informe de EU de abril, el total de detenidos en el caso Ayotzinapa sumaba más de 80 detenidos desde 2014 hasta octubre de 2021, pero hasta entonces no se habían logrado sentencias en ningún caso.
De la misma forma, un informe del Servicio Legislativo de Investigación del Congreso de EU (CRS, en inglés) destacó en julio pasado que el caso Ayotzinapa permanecía en su mayor parte sin resolver a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
