TSJ, ¿garante de la legalidad?

 

Cuando se supone que las instituciones de gobierno deben estar al servicio de los ciudadanos y que quienes se encuentran al frente de éstas deben ser garantes de la legalidad y no actuar por consigna para perjudicar incluso a sus propios trabajadores nos damos cuenta que casos como los que ocurren en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Tabasco dejan mucho que desear.

 

En esta columna se ha venido hablando sobre lo que ocurre en el Poder Judicial a raíz del resolutivo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la separación del cargo de la magistrada, Leticia Palomeque Cruz, la cual se atrevió incluso a ventilar este asunto ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que todo mundo se entere el tipo de justicia que se aplica en Tabasco. 

 

Y es que a medida que se conoce más de este tema van surgiendo nuevas evidencias del actuar del presidente del Poder Judicial en el estado, Jorge Priego Solís que dejan ver la aparente parcialidad conque se ha desempeñado desde hace cinco años que asumió el cargo. No por nada se dice que ha perdido ante los tribunales más de 180 amparos que le han ganado servidores judiciales. 

 

De no ser así no se explicaría uno porque realizó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial en el 2015 en el que desaparece la figura de magistrados numerarios y supernumerarios para que a partir de ese año con la nueva ley sean llamados magistrados ‘interinos’ y ‘suplentes’ como si llevara una dedicatoria. Lo peor del caso es que esa propuesta fue avalada por el legislativo sin prever sus consecuencias.

 

Ahora quienes fungieron como magistrados supernumerarios como el caso de Leticia Palomeque así como otros tantos que quizá han recurrido a la protección de la ley ante otras instancias federales aunque se les haya dado la razón, simplemente ya no podrán regresar a sus anteriores labores porque esa figura fue borrada de un plumazo por el titular del Poder Judicial en el estado.

 

Como se sabe, la magistrada Palomeque Cruz interpuso un amparo ante la SCJN en el 2014 y la reforma que Priego Solís metió al Congreso local se hizo un año después, en el 2015 previendo quizá que si perdía el juicio la inconforme ya no tendría a donde regresar porque esa plaza ya no existe en el organigrama del Tribunal Superior de Justicia. Dice el dicho, piensa mal y acertaras.

 

En otras palabras ese tipo de cargos fue degradado en perjuicio de los servidores judiciales que ostentaban dicho nombramiento pero sobre todo que se atrevieron a buscar el amparo de la justicia federal ante las arbitrariedades cometidas en su contra por ‘x’ motivo, razón o circunstancia contra el magistrado presidente del TSJ.

 

¿Quién pierde en este asunto?  Seguramente todos los tabasqueños pues el TSJ tiene que pagar poco más de un millón de pesos a la magistrada por haberla separado del cargo, recursos que no saldrán de la bolsa de Priego Solís sino de los impuestos que pagan los contribuyentes. Y no es el único caso.