Estados Unidos abatió a seis hombres a bordo de una embarcación en aguas internacionales “justo frente a la costa de Venezuela”, escribió el martes el presidente Donald Trump en redes sociales, afirmando, sin aportar pruebas, que transportaban drogas.
El ataque fue el quinto que se da a conocer por el ejército estadounidense contra embarcaciones de este tipo desde el 2 de septiembre. El ejército ha matado ya a 27 personas como si fueran soldados enemigos en una zona de guerra y no sospechosos de delitos.
“Los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación traficaba con narcóticos, estaba asociada a redes narcoterroristas ilícitas y transitaba” por una ruta “conocida” de contrabando, dijo Trump en su mensaje en las redes sociales.
El presidente también publicó un video de vigilancia aérea de 33 segundos en el que se ve una pequeña embarcación flotando que luego es alcanzada por un misil y explota. A diferencia de algunos anuncios anteriores, el presidente no identificó la nacionalidad de las personas que murieron ni nombró un cártel de la droga o banda criminal en particular con los que supuestamente estuvieran relacionados.
Desde que Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, iniciaron la operación el mes pasado, una amplia gama de juristas han calificado las ejecuciones extrajudiciales premeditadas y sumarias como ilegales. Han señalado que el ejército no puede atacar legalmente a civiles —ni siquiera a sospechosos de delitos— que no representen una amenaza en el momento y no participen directamente en hostilidades.
El gobierno de Trump ha afirmado que matar a presuntos narcotraficantes —en lugar de ordenar que la Guardia Costera intercepte las embarcaciones y detenga a los tripulantes si las sospechas de narcotráfico resultan ser ciertas, como suelen hacer países como Estados Unidos— es congruente con las leyes de la guerra.
Sin embargo, el gobierno no ha publicado ningún análisis jurídico detallado que apoye esa conclusión. Charles L. Young III, candidato de Trump para el puesto de asesor general del Ejército, dijo la semana pasada que había visto un memorando de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia sobre el operativo, pero no quiso revelar su análisis jurídico ni sus argumentos.
Las explicaciones públicas del gobierno han aludido a distintos conceptos y términos jurídicos sin explicar por qué se aplican al presunto contrabando de drogas. Por ejemplo, el mes pasado Trump firmó una carta dirigida al Congreso en la que informaba a los legisladores del ataque del 2 de septiembre. El documento decía que habían muerto 11 personas a bordo de una embarcación como cuestión de “defensa propia”.
El flujo de drogas a EE. UU. no se detendrá por atacar embarcaciones venezolanas
Después del ataque del 15 de septiembre en el que murieron tres personas, el gobierno envió una notificación distinta al Congreso en la que declaraba que Trump había “determinado” que Estados Unidos se encontraba ahora en un conflicto armado formal con varios cárteles y bandas de América Latina que su equipo había calificado de “terroristas”. Los presuntos traficantes de drogas vinculados a estos grupos podrían ser considerados legalmente “combatientes ilegales”, escribió el gobierno.
El Congreso no ha autorizado ninguna fuerza armada contra los cárteles de la droga, y la designación por parte del gobierno de grupos delictivos como “terroristas” es novedosa y polémica porque su motivación es la ganancia ilícita, no la ideología. En cualquier caso, la ley que permite al poder ejecutivo calificar de terroristas a grupos extranjeros autoriza tácticas como la congelación de sus activos, pero no confiere autoridad legal para atacarlos militarmente.
El gobierno no ha explicado cómo una embarcación en el sur del mar Caribe, lejos de la costa estadounidense, representaba el tipo de amenaza inminente de ataque armado que podría justificar el derecho a utilizar la fuerza en defensa propia.
Tampoco ha explicado cómo el contrabando de un producto de consumo ilícito constituía el tipo de hostilidades que, según el derecho internacional, hace que se apliquen las normas de conflicto armado en lugar de las de derechos humanos. En tiempos de paz, las autoridades detienen a los sospechosos de delitos; en la guerra, es lícito atacar a combatientes enemigos basándose en su estatus y no en la amenaza que representen en el momento.
En su mensaje del martes, Trump no aludió a la defensa propia ni a un supuesto estado de conflicto armado. En su lugar, el presidente invocó sin más su papel constitucional como jefe de las fuerzas armadas estadounidenses, diciendo que había autorizado a Hegseth, a quien llama secretario de guerra, a ordenar el ataque.
“Bajo mis Autoridades Permanentes como Comandante en Jefe, esta mañana, el Secretario de Guerra, ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD) que realizaba narcotráfico en el área de responsabilidad del USSOUTHCOM”, escribió Trump, “justo frente a la costa de Venezuela”. (The New York Times).
