Desde que fue electo en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha buscado transformar México. Sin embargo, los próximos cuatro semanas serán mucho más trascendentales que los últimos seis años. En junio, el país celebró elecciones presidenciales y parlamentarias, donde la coalición gobernante logró una victoria aplastante, obteniendo una supermayoría en el Congreso.
Desde entonces, quedó claro que López Obrador intentaría aprovechar esta ventaja para impulsar una serie de cambios constitucionales en el tiempo que su presidencia coincide con el nuevo Congreso. Como advirtió The Economist en su momento, muchos de estos cambios podrían afectar gravemente la democracia y la economía de México.
Con la llegada del nuevo Congreso, el momento de la decisión ha llegado. El 4 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó una de las reformas más polémicas: la del Poder judicial. Hasta ahora, Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia el 1 de octubre, no ha mostrado oposición a las medidas de su mentor. Esta es su última oportunidad de hacerlo, y tanto ella como sus aliados deben actuar.
López Obrador, un populista con una visión retrograda, afirma que las reformas eliminarán a la vieja élite y fortalecerán la democracia en México. Mantiene una larga enemistad con los tribunales, reguladores y funcionarios independientes que supervisan el poder ejecutivo. La reforma judicial propone que todos los jueces federales, incluidos los de la Suprema Corte y los tribunales electorales, sean electos por voto popular, en lugar del actual sistema de exámenes y nominaciones. Se espera que los jueces estatales y locales sigan este mismo camino.
Otra legislación próxima coloca a la Guardia Nacional, una fuerza policial civil, bajo el control del Ministerio de Defensa, militarizando la seguridad pública. Además, se planea eliminar organismos autónomos como los reguladores y la agencia de libertad de información. La lista de reformas sigue.
La mayoría de estos cambios podrían ser desastrosos. Si bien el sistema de justicia en México es lento y, en muchos casos, corrupto, elegir a los jueces, como lo demuestran experiencias en países como Bolivia, podría empeorar la situación. La intención detrás de las reformas de López Obrador parece estar enfocada en eliminar los frenos al poder ejecutivo y concentrar el control en el partido dominante, Morena, que está comenzando a actuar como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) autoritario del siglo XX. Esto es lo último que México necesita.
Si la legislación avanza, los legisladores en el Congreso y los estados deben priorizar los intereses de México y votar en contra. En caso de que algunas de las reformas se aprueben, Sheinbaum deberá mitigar los daños. Las enmiendas constitucionales también requieren legislación secundaria, por lo que, como presidenta, podría endurecer los requisitos para ser elegido juez, por ejemplo.
El próximo mes será una prueba decisiva para las credenciales de México como una democracia constitucional que se rige por el estado de derecho, así como para la confianza de sus socios comerciales e inversores. Por lo tanto, también será una prueba crucial de la autoridad y los valores de Claudia Sheinbaum. (La Silla Rota).
