Aunque el robo de ganado o abigeato, se redujo en 16.6 por ciento este año, Tabasco sigue ocupando el deshonroso primer lugar en incidencia de este delito a nivel nacional. En 2020 se abrieron 608 carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado, y para 2021 la cifra fue de 507.
El robo de ganado se ha constituido durante varias décadas como el principal «cáncer» de gran impacto para la actividad agropecuaria que ve mermada su economía cada vez con mayor fuerza. Para el sector representa pérdidas superiores a los 700 millones de pesos anuales, lo que significa un grave riesgo para la sustentabilidad de la actividad.
Por lo que el gremio ganadero tabasqueño ha buscado la colaboración y coordinación con el gobierno y las autoridades competentes, para generar estrategias, programas y acciones que integren esfuerzos en la lucha contra este delito.
La producción pecuaria que se desarrolla en el estado, contribuye en gran medida a la economía regional, por lo que, el contexto en el que actualmente se desarrolla esta actividad a nivel local, genera una preocupación latente en el gremio ganadero de Tabasco.
Y por ende una enorme preocupación derivada del incremento en la incidencia del delito de abigeato, principal flagelo para los ganaderos de la región.
En ese tenor, el Congreso del Estado recibió recientemente una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para endurecer las penas a los presuntos responsables de incurrir en este ilícito, para evitar que la «libren» con acuerdos reparatorios; dicha propuesta fue presentada por el diputado local de Morena, Luis Salinas Falcón.
En ella subraya que la afectación originada por «cuatreros» no sólo vulnera la economía particular, pues la revisión a los aspectos sanitarios de la cadena alimentaria revela que los efectos de este delito han trascendido de lo patrimonial (privado) a lo público y social.
«Esto es así, porque dada la importancia económica de la actividad ganadera, de la cual dependen en el estado miles de empleos directos e indirectos; además, por ser un sector primario, tal afectación representa un grave riesgo para la inocuidad y soberanía alimentarias, por ser el sector pecuario un pilar de la cadena de suministros alimentarios en el estado y la región», señaló en su exposición de motivos ante el Pleno de la LXIV Legislatura.
Agregó también que «el sistema de justicia penal que introdujo los llamados juicios orales, por su configuración garantista ha generado un efecto adverso para el sector ganadero, pues lo ha colocado en clara vulnerabilidad frente al combate al abigeato, debido a que la ejecución de este ilícito, por su naturaleza furtiva, hace difícil, por no decir imposible, su comprobación en sede judicial, así como su prevención».
Esta modificación al marco legal impone penas de entre cuatro y hasta 16 años de prisión a las personas que cometan el delito de abigeato en territorio tabasqueño. Además, sostiene que la reparación del daño no incide de ninguna manera en la protección a la cadena alimentaria, así como a la estabilidad económica.
En ella también se contemplan el robo de ganado asnal, mular o de cualquier otra clase, con prisión de tres a seis años y de doscientos a cuatrocientos días multa si se trata de una a tres cabezas de ganado, y prisión de seis a ocho años y de cuatrocientos a seiscientos días multa si se trata de cuatro o más cabezas de ganado.
Finalmente, tras reconocer que Tabasco ocupa el primer lugar nacional en índice de abigeato, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena pidió a los ganaderos contribuir para frenar este delito.
En su reciente comparecencia, el funcionario estatal mencionó que el abigeato es un tema delicado, pero es necesario que los productores se involucren evitando prácticas como la matanza de reses en los ranchos y la venta indiscriminada de aretes para ganado. (El Heraldo de Tabasco).
