La presidenta Claudia Sheinbaum oficializó la desaparición de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), un órgano creado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y que estuvo involucrado en uno de los mayores casos de corrupción del sexenio anterior, con un daño patrimonial de al menos 2,700 millones de pesos, según reconoció el propio Gobierno Federal.
A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se estableció que Segalmex será fusionado con Diconsa, un organismo adscrito a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Este proceso, que deberá completarse en un plazo máximo de 24 meses, incluye la transferencia de recursos humanos, financieros, materiales e inmuebles, así como la resolución de los asuntos pendientes que estaban a cargo de Segalmex.
El decreto señala que la Sader, en su calidad de accionista mayoritario de Diconsa, deberá realizar los actos corporativos necesarios para concretar la fusión. Segalmex, por su parte, tiene un plazo de 30 días naturales para elaborar un listado de todos los asuntos en trámite y entregar un inventario de bienes, junto con un dictamen de sus estados financieros avalado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Respecto al personal, el documento asegura que los derechos laborales de los trabajadores de Segalmex serán respetados y que Diconsa asumirá el rol de patrón sustituto. El órgano de gobierno de Segalmex continuará operando únicamente hasta que concluya el proceso de desincorporación.
Esta medida es parte de un plan más amplio que Sheinbaum había anunciado en septiembre de 2024 para crear una nueva entidad denominada “Alimentación para el Bienestar”, cuyo objetivo será vincular a los pequeños productores con la comercialización de productos.
Desde su creación, Segalmex estuvo en el centro de un escándalo de corrupción que involucró delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, peculado y enriquecimiento ilícito. El fraude afectó un 28% de los 9,500 millones de pesos inicialmente detectados por las instancias fiscalizadoras desde 2019.
Hasta ahora, las autoridades han presentado 156 denuncias penales relacionadas con el caso. De ellas, se han emitido 47 órdenes de aprehensión, pero solo 26 personas han sido vinculadas a proceso penal, entre ellas nueve exservidores públicos y 17 particulares. El exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segrestre, es el funcionario de más alto rango procesado en el caso. Por el contrario, Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex, no enfrenta ninguna investigación abierta.
La desaparición de Segalmex busca poner fin a un episodio de opacidad y corrupción en el manejo de recursos públicos destinados a la seguridad alimentaria del país. La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta ahora el reto de restaurar la confianza en las instituciones relacionadas con el desarrollo rural y la alimentación, en un esfuerzo por garantizar un manejo más transparente y eficiente de los programas sociales. (Mas/IA).
