La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, pese a la compra de camionetas blindadas nuevas para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se generaron ahorros superiores a mil millones de pesos porque anteriormente los vehículos eran arrendados.
“El día de ayer cuando vi la nota, la Secretaría de Gobernación hizo una consulta al Comité de Administración… nos dieron una nota informativa de que redujeron, había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra y ahorraron más de mil millones de pesos en este proceso”, señaló Sheinbaum.
La mandataria subrayó que la información fue proporcionada por el órgano administrativo de la Corte y que corresponde a esta institución explicar si la adquisición responde a temas de seguridad o amenazas específicas.
LA VERSIÓN DE LA SUPREMA CORTE
En contraste con lo dicho por la presidenta, la SCJN emitió un comunicado oficial en el que justificó la compra de nueve camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas, con un valor aproximado de 1.7 millones de pesos cada una, por motivos de seguridad institucional.
“La adquisición se dio con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional”, señaló el documento firmado por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz.
JUSTIFICACIÓN DE LA RENOVACIÓN
El máximo tribunal explicó que la decisión se tomó tras recibir opiniones técnicas de autoridades federales, las cuales concluyeron que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad.
“Esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación”.
La Corte añadió que la renovación de la flotilla responde a criterios de prevención y seguridad institucional, y no a decisiones discrecionales.
NORMATIVIDAD Y AUSTERIDAD
El comunicado también enfatizó que la adquisición se realizó en apego a la normatividad interna vigente desde 2019, que establece la renovación periódica de este tipo de vehículos cada cuatro años o antes, cuando las condiciones de seguridad lo requieran.
“Con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, esta adquisición se llevó a cabo de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido”.
CONTRASTE ENTRE DISCURSOS
Mientras Sheinbaum sostiene que la compra representó ahorros significativos frente al esquema de arrendamiento, la Suprema Corte insiste en que la renovación obedeció a criterios técnicos de seguridad y que no implicó un aumento en el gasto institucional.
El contraste entre ambas versiones refleja la tensión entre el discurso de austeridad gubernamental y la percepción pública de lujo y privilegio en la adquisición de camionetas blindadas para los ministros.
(emeequis).
