En su solicitud, el conglomerado empresarial denuncia un hostigamiento “fiscal, judicial y administrativo”, que busca “restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público”, de acuerdo con el comunicado hecho público este martes, después de que el magnate se reuniera con el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.
En el texto, el Grupo Salinas detalla la lista de agravios que considera que el Estado mexicano le ha infligido, entre los que se encuentra el despliegue de “auditorías excesivas”, el daño a la “reputación” del presidente del Grupo a través de medios de comunicación y vocerías públicas, el “uso político del aparato fiscal” y la “captura del Poder Judicial”, esto último achacado a la reciente reforma judicial que renovó de un plumazo y por voto popular a la mitad de la judicatura.
El golpe de Salinas Pliego llega unas semanas después de que Hacienda estableciera el monto definitivo que el empresario deberá pagar al Servicio Tributario (SAT). Tras las consecutivas derrotas judiciales, este era el último elemento que faltaba por fijar para que el proceso entrara en la fase final, la de ejecución.
El comienzo de esta etapa, tras 15 años de batalla judicial y mediática, deja al magnate sin apenas opciones para eludir el millonario desembolso, engordado por los retrasos.
El Gobierno anunció antes de Navidad que le requeriría la entrega este mismo enero, pero los 51.000 millones podrían reajustarse hasta en un 39% si el empresario decidiera pagar voluntariamente, según explicó el responsable del SAT, Antonio Martínez Dagnino. No parece, sin embargo, que esa sea la vía por la que vaya a optar el quinto hombre más rico de México que, lejos de claudicar, ha decidido escalarlo a las instancias internacionales.
La denuncia del magnate mantiene vivo el pleito mediático que mantiene diariamente con la presidenta, que ha adquirido casi tanta importancia como el que han protagonizado en los tribunales. Judicialmente, sin embargo, el golpe de efecto no tendrá grandes consecuencias en el proceso que Salinas Pliego deberá encarar este año, una vez Hacienda le requiera oficialmente el pago de las deudas acumuladas.
Pueden pasar años hasta que la CIDH resuelva si acepta o no pasar a la Corte Interamericana la denuncia presentada esta mañana. En caso de que decida hacerlo ―un escenario improbable, de acuerdo con algunos expertos, por la naturaleza fiscal del asunto, una temática poco frecuente en este tipo de tribunal―, la propia Corte tardaría años en resolver la cuestión. Finalmente, aunque fallara a favor del conglomerado empresarial, muy difícilmente podría revertir el desenlace del proceso, cuyos plazos se han acortado tras la reforma al recurso de amparo aprobada por el Congreso este otoño. Sería, en todo caso, una victoria simbólica.
Noticia de última hora de El País, habrá actualización en breve
