La diputada federal del PRI, Soraya Pérez celebró hoy el revés que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al gobierno de Tabasco por reformas que realizó en 2018 a la Ley de Obras Públicas y Servicios y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado.
La legisladora tabasqueña destacó que la resolución de la SCJN reitera que ningún proyecto, sea político, económico, o industrial, puede apartarse de la Constitución y de los principios establecidos en ella.
En tal sentido hizo un llamado al Gobierno de Tabasco para que, de inmediato, cancele los contratos que tenga en curso y generados al amparo de las normas declaradas inválidas e informe también el monto de los recursos que se asignaron desde 2018 y hasta el día de hoy.
La parlamentaria explicó que el año pasado, Morena, con su mayoría aplastante en el Congreso de Tabasco, aprobó reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.
Dijo que muchas voces, incluida la suya, criticaron dicha acción legislativa y señalaron que atentaban contra los principios más elementales de transparencia y rendición de cuentas, además de abrir la puerta a prácticas corruptas para evitar los procedimientos de licitación, adjudicando directamente obras o adquisiciones de productos o servicios.
«Esta mañana, la SCJN, nos volvió a dar la razón al resolver la acción de inconstitucionalidad 99/2018, promovida por la entonces Procuraduría General de la República, pues declaró la invalidez de varias de las reformas aprobadas. Con ello acallamos una vez más las voces que critican nuestra posición frente a acciones que consideramos que se apartan a la lógica del buen gobierno, y el cual es, al menos en papel, un eje político fundamental de la llamada cuarta transformación», señaló.
Expresó que con dichas normas, que afortunadamente ya están invalidadas por la Suprema Corte, se habilitó indebidamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a autorizar directamente y sin realizar las licitaciones públicas que establece nuestra Constitución, adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como el gasto corriente, sin la debida justificación, sencillamente señalando que eran necesarios para la realización de proyectos, obras y/o acciones que detonen el empleo, mejoren la infraestructura e impulsen el desarrollo económico y/o social del Estado.
«La resolución dictada esta mañana por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación se reitera una vez más, que ningún proyecto, sea político, económico, o industrial, puede apartarse jamás de la Constitución y de los principios en ella establecidos, los cuales, dicho sea de paso, todos los que ejercemos una actividad pública o política juramos proteger al tomar protesta del cargo, y que además en este caso, estaban completamente alejados de las mejores prácticas de combate a la corrupción», expuso.
Soraya Pérez adelantó que la SCJN hará pública la versión de la sentencia dictada el día de hoy; para que todas y todos los tabasqueños podamos conocer los alcances de ésta, pues queda mucho por atender todavía en este caso.
Hizo un llamado al Gobierno de Tabasco para de inmediato cancele los contratos que tenga en curso y generados al amparo de las normas declaradas inválidas e informe también el monto de los recursos que se asignaron desde 2018 y hasta el día de hoy cobijados en leyes contrarias a la Constitución.
«Siempre he sostenido, sí al desarrollo de Tabasco y sí al crecimiento económico incluyente; pero siempre apegados al marco Constitucional, de otra forma, cualquier paso que se dé, será en falso y lejos de avanzar, se retrocede», destacó
