La Comisión de Puntos Constitucionales presentó un dictamen reformado para la reestructuración del Poder Judicial, que ha suscitado fuertes críticas por abrir posibles espacios a la corrupción en lugar de combatirla, como era el objetivo declarado de la iniciativa presidencial.
A pesar de las más de 100 modificaciones realizadas respecto al documento original enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, especialistas advierten que se mantuvieron importantes fallas, contradicciones y vacíos que podrían comprometer la integridad del sistema judicial.
Uno de los aspectos más cuestionados del dictamen es la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, una medida que, según los expertos, no sólo no contribuirá a erradicar la corrupción, sino que podría facilitarla.
Aunque se introdujo la renovación escalonada de estos cargos, se permitirá que jueces y magistrados en activo puedan contender por reelección de forma indefinida, lo que contradice las afirmaciones del presidente sobre la necesidad de una limpieza en el Poder Judicial.
“El dictamen permitirá que personas con antecedentes de corrupción sigan en el cargo bajo la legitimación del voto popular. Esto no elimina la corrupción, la perpetúa”, señaló José Perdomo, académico de la Universidad LaSalle, según una publicación de Animal Político.
Melissa Ayala, abogada del ITAM, también alertó sobre la falta de claridad en la creación de comités de evaluación de los candidatos, donde no se especifican los criterios para la elección de sus integrantes, abriendo la puerta a posibles prácticas de nepotismo y arbitrariedad.
El dictamen también reduce los requisitos de experiencia para quienes aspiran a ser jueces y magistrados. Ahora, se podrá contender para estos cargos sin experiencia laboral previa, un cambio que, según los especialistas, podría debilitar la capacidad del Poder Judicial para impartir justicia con rigor y conocimiento especializado.
Además, se eliminó la obligatoriedad de tener al menos 35 años de edad para ser ministro de la Corte, bajando a 5 años la experiencia mínima requerida, en contraste con los 10 años que establece la Constitución actual.
Otro de los cambios significativos es la introducción de incentivos para que los ministros de la Corte se retiren antes de que se emita la convocatoria para la elección de 2025, medida que ha sido interpretada por algunos como una forma de presión para facilitar la renovación de la Corte.
Mientras tanto, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podrán permanecer en su cargo hasta 2027, lo que algunos han interpretado como una recompensa por su papel en la validación de la última elección presidencial.
En resumen, aunque el dictamen recoge propuestas de los nueve foros nacionales realizados para discutir la reforma, ha dejado de lado una de las principales demandas de la oposición y la academia: eliminar la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Esto, según los expertos, pone en duda la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo y abre nuevos espacios para la corrupción, en lugar de cerrarlos.
El dictamen se votará en la Comisión de Puntos Constitucionales el próximo lunes, y de ser aprobado, pasará al Pleno de la Cámara de Diputados para su debate y posible aprobación. Los críticos insisten en que, lejos de corregir los problemas del Poder Judicial, esta reforma podría agravar la situación al debilitar la experiencia y la independencia de los operadores judiciales, pilares fundamentales en la impartición de justicia. (Más / IA).
