Colectivos de búsqueda y organizaciones civiles rechazaron las cifras sobre personas desaparecidas presentadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum, al considerar que minimizan la magnitud de la crisis y excluyen a las familias en la construcción del diagnóstico oficial.
De acuerdo con información de Infobae, el posicionamiento surgió tras la difusión del informe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas el pasado 27 de marzo, en el que se reconocen más de 133 mil personas desaparecidas en México. Sin embargo, el gobierno señaló que únicamente 43 mil 128 casos permanecen bajo ese estatus, al depurarse registros con datos incompletos o personas localizadas.
Organizaciones como el Centro Prodh, el Cepad y el colectivo Luz de Esperanza, en Jalisco, acusaron que esta estrategia responde a una decisión política que invisibiliza a las víctimas y reduce el problema a una depuración administrativa de expedientes.
Las agrupaciones advirtieron que en un contexto donde el 93% de los delitos no se denuncian, condicionar el reconocimiento de una desaparición a la existencia de una carpeta de investigación distorsiona la realidad y favorece prácticas como la omisión o la ineficiencia institucional.
Asimismo, rechazaron cualquier intento de disminuir la cifra histórica de más de 130 mil personas desaparecidas, al señalar que estos registros son resultado de años de búsqueda impulsada principalmente por las familias.
Otro punto de preocupación es la falta de acciones concretas para más de 46 mil registros clasificados como “datos insuficientes”, lo que –aseguran– traslada nuevamente la responsabilidad de la búsqueda a los propios familiares.
En el posicionamiento, firmado por al menos diez organizaciones, también se cuestionó la afirmación oficial de que el 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, al considerar que no existe claridad metodológica en la obtención de esos datos.
Además, los colectivos rechazaron la postura gubernamental que sostiene que las desapariciones forzadas han dejado de existir o que el fenómeno se limita al crimen organizado, al advertir que esto diluye la responsabilidad del Estado en un contexto de impunidad que, afirmaron, alcanza el 99.9%.
En este sentido, Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza, expresó: “No estamos de acuerdo. La manera ideológica de abordar el tema demuestra un gran desconocimiento (…) se nos hace incorrecto”. Añadió que basar la crisis únicamente en cifras oficiales no refleja la dimensión real del problema en el país. (Mas).
