El gobierno de Donald Trump anunció que retirará los fondos federales a las ciudades y poblaciones de Estados Unidos que den refugio a inmigrantes indocumentados y no los entreguen a las autoridades migratorias para ser deportados a sus países de origen.
El procurador general de Justicia, Jeff Sessions, hizo el anuncio en una rueda de prensa en la Casa Blanca, y dijo que quienes no entreguen a los indocumentados estarán violando las leyes constitucionales.
“Urjo a todos los estados y jurisdicciones locales a cumplir con todas las leyes federales. El Departamento de Justicia requerirá a las jurisdicciones que soliciten dinero, a que cumplan con las leyes migratorias como condición para recibir los fondos”, apuntó.
En la orden ejecutiva sobre inmigración firmada por Trump el pasado 25 de enero, el mandatario pide a todos los estados, ciudades y poblaciones de su país que cooperen con los Departamentos de Seguridad Interior y de Justicia para ubicar, detener y deportar a los inmigrantes.
Y aun cuando no es obligatorio que las autoridades locales y estatales entreguen a los indocumentados, constitucionalmente sí estarían obligadas a acatar las leyes migratorias.
Ciudades como Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Nuevo Orleáns, y estados como Maryland, entre otros, se han negado a cooperar con Donald Trump y han determinado seguir siendo santuarios para los inmigrantes indocumentados, pese a que recibirían menos dinero de las arcas del gobierno federal.
“Dejo en claro que el incumplimiento del mandato podría resultar en la retención de fondos, en la anulación de éstos y el desmantelamiento del procedimiento de solicitud de dinero a futuro. El Departamento de Justicia también tomará los pasos legales para retener fondos que ya hayan sido aprobados a jurisdicciones que violen las leyes”, amenazó Sessions.
Los fondos del gobierno federal a los que hizo referencia el procurador general de Justicia forman parte del presupuesto de éste y del Departamento de Seguridad Interior que se entrega a cada estado y jurisdicciones locales para financiar los departamentos de policía y otros programas gubernamentales destinados a la aplicación de la ley, como la manutención de prisiones locales y estatales y los programas de asistencia pública como los Departamentos de Bomberos.
Sessions precisó que este año la dependencia a su cargo tiene un presupuesto de 4 mil 100 millones de dólares para apoyar a los estados y jurisdicciones locales.
“Pido a los estados de nuestra nación, considerar cuidadosamente el daño que le están haciendo a sus ciudadanos al negarse a aplicar las leyes de inmigración, y a reconsiderar este tipo de políticas”, insistió el fiscal general de Estados Unidos.
El mandato de Trump encomia a las autoridades estatales y locales a que cuando tengan bajo su custodia a extranjeros, ya sea residentes legales o inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos graves y hasta de tránsito, como manejar bajo la influencia del alcohol, los entreguen a los agentes de inmigración para ser removidos del país.
Sobre las ciudades santuario, Sessions afirmó que hacen menos seguros a los estados y, además, ponen en riesgo la pérdida de varios millones de dólares que hacen falta a la sociedad.
“El pueblo estadunidense quiere y merece un sistema legal de inmigración que nos mantenga seguros y cumpla con los intereses nacionales. Esta expectativa es razonable y nuestro gobierno tiene la obligación de hacerla cumplir”, añadió.
Durante el anuncio en la Casa Blanca, de nueva cuenta el gobierno de Trump caracterizó a los inmigrantes indocumentados como criminales, y reiteró que su presencia en Estados Unidos es una amenaza a la seguridad pública del cualquier población, ciudad o estado.
La semana pasada el gobierno estadunidense publicó la primera lista –que develará mensualmente– de las ciudades y poblaciones santuario, como un política para exhibirlas ante la sociedad por su incumplimiento de las leyes migratorias. (Profeco).
