La Audiencia Nacional comunicó el lunes que ha acordado proponer juzgar por supuesta corrupción entre particulares y estafa impropia al presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu y a su antecesor en el cargo, Sandro Rosell, así como al propio club catalán, por irregularidades en el fichaje de Neymar, acusado también junto a sus padres por el primero de los presuntos delitos.
El alto tribunal decidió a finales de septiembre reabrir la causa contra el delantero brasileño por supuestas irregularidades en la operación de su fichaje por el Barcelona en 2013 a raíz de una demanda de la empresa brasileña DIS, entonces propietaria de un 40 por ciento de los derechos federativos del jugador.
DIS denunció que el Barça había amarrado a sus espaldas en 2011 el fichaje del jugador cuando todavía militaba el Santos de Sao Paulo, ofreciéndole 40 millones de euros.
El magistrado José de la Mata explica en el auto que este contrato «habría alterado el libre mercado de fichaje de futbolistas, al impedir que el jugador entrase en el mercado conforme a las reglas de la libre competencia, de modo que se obtuviera una mayor cantidad económica por el traspaso».
Adicionalmente, reconoce que «es razonable pensar que los dos Directivos que intervinieron en su firma», en alusión a Rosell y Bartomeu, entonces presidente y vicepresidente, respectivamente, «fueron responsables de esta decisión, de la firma del contrato y conscientes de esta finalidad ilícita».
Según el tribunal, los directivos- representantes legales del FC Barcelona – no informaron ni al Santos ni a DIS ni a su propia junta directiva.
En relación a este fichaje, el Barcelona ya llegó a un acuerdo de carácter fiscal para pagar una multa de 5,5 millones de euros por ocultar el importe real del fichaje. Aunque inicialmente cifró el coste en 57,1 millones de euros, admitió más tarde que el importe era próximo a los 100 millones de euros, lo que llevó a la dimisión del entonces presidente del club, Sandro Rosell.
