La delincuencia organizada está ganando espacios en la arena pública y se está apoderando de uno de los instrumentos básicos de legitimidad, la democracia, señaló el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez.
Por ello, a fin de coadyuvar en la defensa de la democracia, presentó una iniciativa que adiciona un segundo párrafo, al artículo 113, del Código Penal Federal, para establecer que los delitos relacionados con la intervención de crimen organizado en el proceso electoral, así como el homicidio de una persona candidata por parte de organizaciones delictivas sean imprescriptibles.
En su fundamentación, el líder congresista expuso que la imprescriptibilidad de un delito se realiza cuando la comisión del mismo es tan grave en sus consecuencias, que no puede dejar de perseguirse en un tiempo determinado, pues el daño perpetuado queda permanentemente. En concreto, dijo, como en este caso que lesiona seriamente la voluntad popular de elegir a sus gobernantes y representantes.
En ese sentido, abundó, el riesgo es que el crimen organizado sea quien elija y coloque a las personas que respondan a sus intereses y, con ello, subrayó, convierte el gobierno en un auténtico «narco estado», lo cual debe combatirse y defender el espíritu constitucional de tener una república democrática, tal como lo establece el artículo 40 de la Carta Magna.
Moreira Valdez puntualizó que este proyecto pretende salvaguardar los derechos político electorales de la ciudadanía, razón para marcar como imprescriptibles la persecución de los delitos asociados al crimen organizado en los comicios, porque solo de esta manera, anotó, se protege la democracia, como bien jurídico tutelado para brindar paz y tranquilidad a la sociedad.
Precisó que la gravedad de este problema ha llevado al propio gobierno federal a denominarla como una “crisis humanitaria”, cuando la organización Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, afirma que México ocupa el cuarto lugar mundial de 193 países en el ranking del crimen organizado trasnacional, superado únicamente por el Congo, Colombia y Myanmar.
Además, agregó, la preocupación por la violencia en las elecciones en México generó llamados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Indicó que de acuerdo con Etellekt Consultores, en uno de sus informes de violencia política en México del proceso electoral 2020-2021, registró mil 66 delitos globales en contra de las personas políticas, de las cuales 102 fueron víctimas de homicidio doloso, 36 de ellas eran aspirantes y candidatos a cargos de elección.
El exgobernador de Coahuila recalcó que esta problemática está escalando a niveles nunca antes vistos, los grupos de la delincuencia organizada están incidiendo cada día más en los procesos electorales. Esto, mencionó, sucede a través de diversas formas de coacción, inmovilización de equipos de campaña; secuestro de casillas electorales, intimidación a los ciudadanos para coaccionar su voto públicamente o por consigna.
Con esta argumentación, manifestó que es un compromiso como legislador defender la democracia mexicana y aseguró estar convencido que la suma de esfuerzos por sacar las manos del crimen organizado en los procesos electorales dará buenos resultados.
La iniciativa del coordinador Rubén Moreira fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
