El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República votó en contra de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, al considerar que ambas representan una amenaza al orden constitucional, al federalismo y a las libertades ciudadanas.
Al fijar el posicionamiento de su bancada, el senador Miguel Ángel Riquelme Solís advirtió que las leyes impulsadas por Morena destruyen el pacto federal, militarizan la seguridad y convierten al Estado en un aparato de vigilancia masiva sin control judicial. Señaló que los dictámenes fueron aprobados al vapor, sin diálogo ni análisis, como parte de un modelo autoritario que impone un régimen de miedo y control. “No podemos legislar desde el centro del poder ni imponerles a los municipios obligaciones imposibles de cumplir sin darles recursos”, reclamó.
Denunció que se pretende transformar al país en un Estado policial, donde se espía a los ciudadanos, se vulnera su privacidad y se debilita la autonomía de los gobiernos locales. “No es seguridad lo que están construyendo, es un sistema de control que amenaza nuestras libertades”, sentenció. Reafirmó que el PRI no respaldará ninguna legislación que erosione la democracia ni que normalice la militarización de la vida pública.
En la discusión en lo general de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la senadora Paloma Sánchez Ramos alzó la voz por Sinaloa y denunció que esta ley es otro engaño de Morena, que militariza la seguridad y abandona a las policías civiles. Recordó que solo ayer hubo 30 asesinatos en su estado y cuestionó: “¿De verdad creen que en Sinaloa se vive tranquilo?”, al acusar que mientras hablan de coordinación, encubren a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, a quien llamó narcogobernador. Por su indiferencia, dijo, la gente ha perdido la paz: negocios cerrados, niños asesinados, familias con miedo. Y advirtió que todavía pretenden quitarles recursos a los estados que no se alineen. “¡Van a dejar sin un solo peso a Sinaloa!”, reclamó.
Exigió invertir en prevención y en policías bien formadas, no en simulaciones ni en pactos con criminales. “No vamos a acompañar una ley que normaliza la violencia y premia a los que pactan con los delincuentes”, sentenció.
La senadora Claudia Anaya Mota advirtió que esta ley destruye el carácter civil de las instituciones de seguridad y representa un nuevo golpe al federalismo. Denunció que el gobierno puede solicitar sin restricciones, información pública y privada de la gente so pretexto de llevar a cabo tareas de inteligencia.
La senadora Cristina Ruiz Sandoval denunció que la ley aprobada por Morena y sus aliados no combate al crimen, lo protege. Afirmó que “México está en llamas y esta ley es gasolina”, pues no hay inteligencia, ni justicia, ni estado de derecho: solo un país secuestrado por el narco y abandonado por el gobierno. Acusó que esta minuta no toca a los criminales, sino que busca vigilar a los ciudadanos, mientras en Chiapas mandan los grupos armados, en Zacatecas se disputan territorios y en Veracruz desaparecen personas con protección del poder. “Esto no es una ley, es el certificado oficial del narcoestado morenista”, advirtió.
La senadora Geraldina García Gordillo y el senador Ángel García Yáñez advirtieron que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública viola la Constitución, impone un modelo militarizado sin controles civiles y pone en riesgo derechos fundamentales. Denunciaron que se otorga a la Guardia Nacional un régimen especial bajo control de la SEDENA, sin certificación ni supervisión, y que se permite la concentración de datos personales sin orden judicial, construyendo un Estado espía. Advirtieron que se chantajea a los estados con recursos federales para imponer la militarización, bajo un sistema opaco, autoritario y fuera del marco constitucional.
En la discusión de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca advirtió que no se trata de una estrategia contra la delincuencia, sino de la legalización de un aparato de espionaje masivo operado desde el poder. Denunció que se vulneran derechos fundamentales como la privacidad y la protección de datos personales, en un contexto donde el órgano garante fue eliminado y ahora es el propio Ejecutivo quien concentra el control de la información. “Es totalmente inconstitucional que los datos personales estén, por regla general, a disposición de la autoridad. Lo que buscan no es seguridad, es control político”, sentenció.
Acusó que esta ley obliga a empresas privadas a entregar sus bases de datos sin protección alguna, exponiendo a millones de mexicanos a filtraciones y uso indebido de su información. Señaló que el gobierno pretende construir una red de vigilancia al servicio de la persecución de opositores, periodistas y críticos del régimen. “No vamos a permitir que en nombre de la seguridad se imponga una Gestapo digital. México no necesita más simulación: necesita seguridad real, no un Estado espía al servicio del oficialismo”, advirtió.
