Se presentó el primer amparo contra las reformas que originaron el Fondo de Pensiones para el Bienestar, de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los primeros en buscar el amparo fueron 727 trabajadores. De acuerdo con miembros de un despacho jurídico, los demandantes pertenecen al sector público y laboran en diversas dependencias del Gobierno federal. Aseguran que sus clientes se sienten afectados en el manejo de sus recursos.
Anunciaron que en próximas semanas diversos trabajadores del Inegi, la Comisión Nacional Bancaria, la Guardia Nacional, el INE y varias dependencias federales más, procederían a presentar sus demandas de amparo, al considerar que sus ahorros se ven afectados.
El nuevo Fondo de Pensiones del Bienestar, busca entregar pensiones de casi 17 mil pesos a una primera generación de trabajadores jubilados el próximo julio.
Con la firma del mandatario mexicano al decreto que crea este fondo de pensiones en el Palacio Nacional, iniciará el camino para su implementación, lo que constará de la publicación de sus reglas de operación y de viabilidad financiera.
La ley que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar se oficializó este martes, previa aprobación del Congreso, y entró en vigor este 1 de mayo, en el que se conmemora el Día del Trabajo en México.
Los cambios aprobados por las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso mexicano complementan la promesa de López Obrador de otorgar una tasa de reemplazo del 100% a los mexicanos jubilados que estén en la formalidad desde 1997 con un monto de hasta 16 mil 777 pesos mexicanos, el salario promedio registrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Los primeros recursos de los que se allegará el nuevo fondo de pensiones serán transferidos desde las 10 administradoras de fondos para el retiro (Afores) que operan en el país, un monto que asciende a los 40 mil millones de pesos.
Este dinero provendrá de cuentas inactivas de trabajadores mexicanos que dejaron de laborar en la formalidad después de los 70 años en el sector privado y 75 años en el sector público y que no se han retirado. (N+).
