El Instituto Nacional Electoral (INE) analiza presentar una controversia constitucional para evitar “el atropello a la democracia” que pretenden concretar con la consulta del domingo pasado en Baja California, pues “de haber sido organizada por la autoridad electoral habría sido anulada”, aseguró su consejero presidente, Lorenzo Córdova.
Tras participar en el certamen México a Debate, Córdova afirmó que la autoridad electoral ya analiza las vías para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que intervenga en este tema, en el que se pone en riesgo el orden constitucional de la democracia, ya que se busca ampliar el mandato de Jaime Bonilla de dos a cinco años.
“Esto es una historia digna del surrealismo. Resulta que se modifica una elección que era para dos años, porque así lo mandataba la Constitución; se convocó para dos años, se votó para un gobernador por dos años y se entregó una constancia de mayoría al ganador, en una elección legítima, transparente, cierta, indubitable, por dos años”, resaltó.
Además, consideró que la consulta es un atropello a la democracia, pero que no cree que sea un “ensayo” de un plan a futuro para cometer una violación a la Constitución y aseguró que confía en el compromiso democrático del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“El otro día dijo que era una pena lo que está pasando en BC, creo que es algo mucho más grave, pero coincido con la preocupación del Presidente”, expresó el consejero presidente en entrevista con Elisa Alanís en MILENIO Televisión.
Resaltó que el INE no tiene facultad expresa para interponer acciones de inconstitucionalidad, pero que sí puede presentar controversias constitucionales. Además, explicó que existen otras autoridades que sí pueden levantar la controversia, como es el caso de “partidos políticos, minorías parlamentarias, la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República, y eventualmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Además, el funcionario descalificó el preceder de la consulta, que 24 horas después sigue sin tener resultados. Añadió: “Todos los mecanismos de certeza que hemos construido desde hace 30 años se vulneraron en el ejercicio sin base legal de ayer: no había padrón electoral, se pusieron 250 casillas, ayer leía que varias no se habían instalado, no se tenía tinta indeleble, no se pedía credencial para votar, ni siquiera había mamparas, ¿quién resguardó los paquetes en la noche, quién asegura que no se rellenaron?”.
Un día después de la consulta que perfila la aprobación ciudadana para extender el mandato de Jaime Bonilla de dos a cinco años, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, la descalificó, pues “no tienen ninguna consecuencia jurídica” y aseguró que el asunto lo tendrá que resolver la Suprema Corte.
Por separado, los coordinadores de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, y del PRD, Verónica Juárez, calificaron la consulta de ilegal e ilegítima, y, en el caso de la perredista, advirtió que su grupo parlamentario insistirá en someter a juicio político a los legisladores locales que avalaron la ley Bonilla, mediante una reforma a la Constitución de BC.
A las expresiones de rechazo se sumó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien aseguró que someter a consulta la aplicación de mandato de Bonilla en Baja California tiene el propósito de justificar una acción ilegal que sienta un gran precedente para cumplir “el apetito de poder, tanto de Morena como del presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Señaló que se trata, a todas luces, de una burla más a la inteligencia de los ciudadanos por parte de Morena, ya que todos quienes promovieron y participaron en la consulta fueron militantes de este partido y hasta hubo personas que votaron varias veces a cambio de los programas clientelares, que ofrecen los siervos de la nación.
La dirigencia del PRD también desconoció los resultados de la consulta y anunció que el próximo 27 de octubre clausurará de manera simbólica la sede del Congreso estatal para pronunciarse en contra de la publicación de la ley que amplía el mandato del gobernador.
En Tijuana, el ex candidato a la gubernatura Jaime Martínez Veloz, consideró desaseada y carente de confianza sobre la consulta ciudadana, porque “No hubo controles. Cómo puedes darle validez a un procedimiento que no tiene los controles mínimos que tiene cualquier proceso electoral”.
Afirmó que hubo efecto carrusel, donde hubo personas que votaron más de una vez. Además, la Coparmex en Tijuana manifestó su preocupación, porque independientemente de la legalidad de la consulta, se registró poca afluencia. “No hay el más mínimo punto de comparación de participaron ciudadana entre las elecciones estatales pasadas y este ejercicio”, destacó o el presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Rosas Jiménez. Al cierre de esta edición no se habían dado a conocer resultados oficiales de la consulta. (Milenio).
