En conferencia de prensa, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal informó que se logró acreditar que los recursos económicos fueron adquiridos derivado de la suscripción de convenios ilícitos con empresas.
El funcionario federal detalló que este domingo se dio cumplimiento a la orden de aprehensión contra el secretario de la Sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez, y que la PGR continuará con la investigación por la obtención ilícita de más recursos por parte de los aprehendidos.
Higuera Bernal indicó que con apoyo de la Policía federal se dio cumplimiento a la orden de aprehensión librada por el juez 8 de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.
El mandamiento judicial fue librado el 14 de abril de 2016 contra el dirigente magisterial y otras personas, «al encontrarse elementos de prueba suficientes para considerarlo probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita».
Esta conducta, prevista y sancionada por el Artículo 400 bis, fracción I, del Código Penal Federal, consiste en la adquisición y/o administración de recursos económicos de procedencia ilícita, y su posterior utilización por el ahora inculpado.
La investigación permitió comprobar que, al amparo de diversos convenios suscritos por la Sección 22 con algunas empresas, éstas entregaron al imputado, de manera directa, indirecta o por interpósitas personas, una comisión quincenal de 3.5 por ciento.
Esto calculado sobre la cobranza de la quincena respectiva, por las ventas y/o servicios que proporcionaban a sus agremiados o representados, a quienes se les descontaba el pago a través de la nómina que se administraba cuando la Sección 22 aún controlaba el Instituto de Educación Pública de Oaxaca.
El monto de dichas operaciones asciende a más de 24 millones de pesos, como resultado de los depósitos que las empresas involucradas hicieron en el periodo comprendido de 2013 a 2015, «en cumplimiento a los citados convenios», explicó el funcionario.
En este esquema, revelaron los resultados de la investigación, las empresas transferían al líder sindical y otros integrantes de la organización gremial los montos de la comisión ilegalmente pactada y éstos a su vez distraían esos recursos, mediante cheques o transferencias, para beneficio propio y financiar las movilizaciones.
Recordó que la ley prohíbe ese tipo de convenios, dado su carácter eminentemente lucrativo, de conformidad con los artículos de 378 de la Ley Federal del Trabajo y 79 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
«Los sindicatos gozan de un régimen tributario de excepción, precisamente por el impedimento legal para realizar actividades lucrativas. Por tanto, solo pueden recibir recursos que provengan de una fuente lícita, lo que en el caso se transgredió», subrayó.
El subprocurador refirió que respecto a estos mismos hechos, hace algunas semanas fue detenido el secretario de Finanzas de la misma organización sindical, a quien el 22 de abril de este año se le dictó auto de formal prisión.
Además, subrayó que la PGR continúa investigando «la posible obtención ilícita de más recursos por los hasta ahora aprehendidos, que asciende a más de 132 millones de pesos; así como la probable participación de otras personas» y la comisión de otros ilícitos. (Notimex)
