Dado que el porcentaje actual destinado a las entidades federativas del 20 por ciento no es suficiente, a pesar de la asignación de recursos conforme la recaudación estatal, el diputado federal Erubiel Alonso Que propuso aumentar dicha cantidad a 25 por ciento para garantizar un eficiente desarrollo de los estados conforme a sus necesidades, su desarrollo y objetivos.
En su iniciativa, explicó que con este aumento las entidades federativas podrán solventar con mayor eficiencia las problemáticas sociales, pero, sobre todo, garantizar el pleno desarrollo social dentro de un ambiente prospero para las y los ciudadanos de toda la nación.
El legislador priista recordó que en la actualidad existe un gran rezago en cuanto a la distribución de recursos derivado de los impuestos anuales que genera el país y la distribución no es suficiente para las entidades, pues limita el accionar de los gobiernos estatales y locales para resolver sus particulares problemas.
Además destacó la necesidad de reconocer a la Ciudad de México dentro de Ley de Coordinación Fiscal, ya que actualmente las leyes federales la han dejado de lado, por ello, dijo, es importante reconocer en dicho ordenamiento a la capital del país, con el objetivo de darle un reconocimiento como tal dentro de la ley, pero, sobre todo, garantizar la correcta asignación de su presupuesto.
Refirió que conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, se establece destinar los recursos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mismo que ha dejado de reconocerse como tal desde 2016 para llamarse Ciudad de México, por lo que es importante reformar los artículos 1, 2, 4B, 6 y 36, en la presente Ley, con el fin de señalar el nombre correcto.
Asimismo, el congresista del PRI planteó incrementar la recaudación de dicho fondo pasando de un 2.35 por ciento a un 3 por ciento en todos los estados de la República y la Ciudad de México, con la finalidad de incrementar la recaudación y que el presupuesto del año entrante sea favorable para todas las entidades garantizando una distribución de recursos suficientes para que los gobiernos puedan disponer de herramientas necesarias y solventar sus respectivas y particulares necesidades.
