Periodistas y defensores de derechos humanos en Sinaloa enfrentan un panorama alarmante de agresiones, provenientes tanto del crimen organizado como de funcionarios públicos, según el informe anual del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado.
El documento, que abarca de agosto de 2023 a julio de 2024, detalla un total de 87 agresiones documentadas, con patrones que revelan la persistente violencia y hostilidad contra quienes ejercen su labor en la entidad.
De las 87 agresiones registradas, 38 se atribuyen a particulares presuntamente vinculados al crimen organizado, mientras que 27 corresponden a particulares sin conexión criminal. Sin embargo, el informe también resalta la participación de servidores públicos: 11 del ámbito estatal, 7 de primer nivel, 3 municipales y 1 armado.
La diversidad de agresores subraya la complejidad de los riesgos que enfrentan los periodistas y activistas. El Instituto enfatizó la necesidad de estrategias específicas para abordar la violencia derivada de entornos criminales, que representa un desafío crítico para garantizar la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en Sinaloa.
Las amenazas son el tipo de agresión más frecuente, con 55 casos reportados, seguidas de descalificaciones al trabajo periodístico (8), lesiones (7) y privaciones de la libertad (2). También se documentaron casos de violencia digital, ataques cibernéticos, agresiones con armas de fuego y daño a inmuebles.
En cuanto a los métodos empleados, 55 agresiones fueron cometidas directamente de persona a persona, mientras que 15 se realizaron por teléfono y 15 a través de redes sociales. Dos casos involucraron el uso de intermediarios.
En septiembre, tras la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López, la violencia en Sinaloa se intensificó, afectando directamente a la prensa local.
El 16 de septiembre, David Eduardo Martínez Meraz, hijo del periodista Ernesto Martínez Meraz, fue localizado con vida tras haber sido privado de su libertad. Ernesto cubre la fuente de seguridad en Culiacán, una de las más riesgosas en el estado.
El 17 de octubre, las oficinas del periódico El Debate en Guasave fueron atacadas con al menos 12 disparos. Este ataque, ocurrido durante la noche, fue una muestra de la creciente intimidación hacia los medios.
Días después, el repartidor de El Debate, Sergio Cárdenas Hernández, fue perseguido, derribado de su motocicleta y privado de su libertad. Aunque logró escapar momentáneamente y buscar refugio en un hospital, fue localizado nuevamente por sus agresores y hasta ahora permanece desaparecido.
El presidente de la Asociación de Periodistas 7 de Junio alertó sobre el incremento de agresiones a la prensa, señalando que las intimidaciones a medios y reporteros se han intensificado al cubrir hechos violentos en la región.
Estos incidentes reflejan la escalada de riesgos para los periodistas en un estado donde el crimen organizado y la corrupción política representan una amenaza directa para la libertad de prensa.
El informe destaca la necesidad de reforzar las medidas de protección para periodistas y activistas, así como la urgencia de crear protocolos que enfrenten la violencia en contextos donde el crimen organizado tiene una fuerte presencia.
La comunidad periodística en Sinaloa y el resto del país demanda no solo un cese a las agresiones, sino también justicia para las víctimas, medidas de prevención eficaces y garantías reales para ejercer su labor sin temor a represalias. La lucha por la libertad de expresión en México sigue siendo un desafío, especialmente en estados como Sinaloa, donde los riesgos son mayores. (Mas/IA).
