La Plataforma Ciudadana de Fosas, impulsada desde 2020 por organizaciones civiles y académicas, actualizó su registro de fosas clandestinas en México tras la retirada en 2024 del mapa público por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, dejando al país sin un registro oficial actualizado.
La iniciativa combina información obtenida vía transparencia, prensa y colaboración con colectivos, así como un diagnóstico sobre cuerpos bajo resguardo del Estado, confirmando la persistente crisis forense en el país.
De acuerdo con información publicada por Somoselmedio, Mónica Meltis Vejar, directora ejecutiva de Data Cívica, explicó que la actualización se inserta en un contexto de opacidad institucional:
“Sabemos que sigue existiendo una carencia de un registro público oficial del gobierno de fosas clandestinas y en este contexto consideramos que el esfuerzo de la plataforma ciudadana de fosas era necesario”.
La revisión de datos evidencia inconsistencias entre lo reportado por fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República y medios de comunicación.
El informe destaca que entre 2006 y 2024, las fiscalías estatales reportaron 5,532 fosas clandestinas, mientras que la FGR informó solo 630, reflejando discrepancias que dificultan la identificación de cuerpos y la búsqueda de personas desaparecidas.
Algunas fiscalías se declararon incompetentes o negaron información, mientras que la cooperación con colectivos y notas de prensa permitió llenar parcialmente esos vacíos.
En particular, Jalisco aparece como uno de los estados con mayor concentración de hallazgos, con 1,120 cuerpos exhumados según la Plataforma.
En contraste, la Fiscalía Federal reportó cero casos en 2024, la estatal 50 y la prensa documentó 55 fosas, localizadas principalmente en Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, El Salto y Guadalajara.
La falta de coordinación y registros homologados evidencia la fragmentación institucional y el abandono forense.
La actualización también incluye un diagnóstico sobre cuerpos bajo resguardo del Estado en servicios médicos forenses, fosas comunes y panteones ministeriales, con un total de 70 mil cuerpos sin identificar, lo que confirma la gravedad de la crisis.
Experiencias de colectivos como Regresando a Casa Morelos y la documentación en Tetelcingo y Jojutla muestran cómo, ante la negligencia estatal, las familias han tenido que asumir roles forenses para avanzar en la identificación de sus seres queridos.
Mónica Meltis subraya que la Plataforma no sustituye la obligación institucional de buscar e identificar personas, pero permite visibilizar vacíos, contrastar cifras y ofrecer una base pública en un contexto donde el registro oficial ha sido retirado:
“Sí ayuda a seguir insistiendo en la importancia y en la obligación de tener esta información… y que esté encaminada a identificar a las personas. (Más).
