El presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, declaró implementado en su totalidad a nivel federal el nuevo Sistema de Justicia Penal, con lo que se cumple de manera anticipada con su compromiso constitucional y con la sociedad.
Ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la procuradora general de la República, Arely Gómez González; los presidentes de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, Roberto Gil Zuarth y Jesús Zambrano Grijalva, respectivamente, el ministro reconoció el trabajo institucional para lograr este cometido.
No hay duda que son fundamentales los derechos de los acusados de un delito, señaló el ministro, pero no es menos incontrovertible y cierto que los de las víctimas tienen la misma importancia y deben ser respetados con la misma aplicación, cuidado, responsabilidad e intensidad; de lo contrario la decisión perderá su cualidad de justicia.
“La sanción que nuestras leyes determinan para quienes dañan o agravian a la sociedad deben ser impuestas no solo como un castigo al responsable, sino especialmente como una forma de equilibrar el orden social y restaurar la paz que se pierde por la comisión del delito”, comentó.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recordó que se trata de cumplir con obligaciones de la ley y son compromisos del Estado Mexicano para garantizar a sus ciudadanos seguridad jurídica y convivencia.
“Ignorar la ley diciendo olímpicamente que son solo cuestiones de leguleyos es ignorar que queremos vivir en un Estado de derecho, donde sepamos, todos que la ley es la que nos guía y nos protege de la arbitrariedad”, expuso.
Aguilar Morales añadió que solo se saldrá de la oscuridad, la miseria, la ignorancia y la corrupción cuando se hagan valer los derechos y se acepten las obligaciones, “si actuamos no conforme a lo que cada quien cree que es la justicia propia, sino de acuerdo con la ley y la Constitución que es fruto de la voluntad de los mexicanos”.
De esa forma “podremos llegar a la luz de la libertad, del respeto y de la justicia que necesitamos, sin tolerar la arbitrariedad de la autoridad, de ninguna, que es la forma más ruin de la corrupción”, dijo el ministro.
Durante la ceremonia celebrada en la sede de la Suprema Corte, Aguilar Morales afirmó que en la Judicatura Federal por ahora hay un sentimiento de satisfacción por el deber cumplido en este primer paso, que es el de la implementación como lo mandata la Constitución.
“No se trata de enojos ni complacencias, se trata de hablar y analizar con objetividad y congruencia. Los derechos humanos fundamentales deben ser respetados de manera absoluta por toda autoridad y para toda persona, sin distinción alguna”, mencionó.
Indicó que nadie es culpable hasta que existe una sentencia firme, establecida tras seguir el debido proceso legal; sin esas condiciones “cualquiera de nosotros correrá el riesgo de ser declarado culpable sin haber sido realmente juzgado por sus actos, sino por apariencias, por decirles de terceros”.
El también titular del Consejo de la Judicatura Federal dijo que los únicos que pueden y deben determinar si una persona es responsable de un acto delictivo son los jueces, e incluso dentro de un sistema que permita la defensa y los recursos accesibles.
Por ello pidió no descalificar a los jueces fuera del contexto en el que han juzgado, pues no contribuye al interés de lograr un mejor sistema de justicia penal, y menos haciéndolo sin conocimiento directo de los hechos y derechos que han estado en juego en cada caso concreto y aun sin percatarse de las reglas constitucionales, jurisprudenciales y legales que rigen obligatoriamente su proceder.
